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USHUAIA | La disputa política y judicial por el control del Puerto de Ushuaia sumó este jueves un capítulo adverso para la administración provincial. El Juzgado Federal de Ushuaia desestimó el pedido de una medida cautelar urgente presentada por el gobierno de Tierra del Fuego, la cual buscaba frenar la intervención dispuesta por el Ejecutivo nacional.
La medida del Gobierno Nacional se fundamentó en una serie de "observaciones" respecto al uso de fondos públicos, lo que derivó en la decisión de tomar el control operativo y administrativo de la terminal portuaria, un punto estratégico para el turismo antártico y el comercio regional.
Los argumentos del Tribunal
En su resolución, el Tribunal Federal fue tajante al señalar que no existen motivos suficientes que ameriten habilitar la feria judicial para tratar el reclamo en este momento. Además, la Justicia puso la lupa sobre las formas de la presentación provincial:
Competencia: Se solicitó a la fiscalía que determine si el juzgado es competente para resolver un conflicto de esta magnitud entre Nación y Provincia.
Legitimidad: El tribunal cuestionó si el gobernador está habilitado legalmente para encabezar la demanda, señalando que dicha función debería recaer sobre la Fiscalía de Estado fueguina.
Cuestiones técnicas: Se le exigió al secretario Legal y Técnico provincial, Emiliano Fossatto, que regularice su matrícula federal para poder litigar ante este estrado.
Un conflicto de fondo
La intervención nacional llega en un momento de máxima tensión por el reparto de recursos y el control de áreas soberanas. Mientras el gobierno fueguino denuncia una "intromisión autonómica", desde Buenos Aires sostienen que la medida es necesaria para transparentar el flujo de caja de uno de los puertos más activos del país.
Por ahora, la intervención continúa vigente y el expediente pasará a análisis fiscal una vez finalizado el receso de enero, dejando a la provincia en una posición de espera legal.
