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GENERAL ACHA | El juez de audiencia, Raúl Miguez Martín, no solo dictó la condena sino que ordenó la detención inmediata del imputado. Para ello, revocó las medidas sustitutivas previas e hizo efectiva la prisión preventiva hasta que la sentencia quede firme, ante el riesgo de fuga advertido por la fiscalía.
Según se probó durante el juicio, el condenado —quien se desempeñaba como empleado municipal— violó una restricción de acercamiento vigente para acudir al domicilio de la damnificada. Una vez allí, aprovechándose de la situación de marcada vulnerabilidad de la mujer, quien presenta trastornos en su desarrollo intelectual, la agredió sexualmente y la amenazó de muerte.
El magistrado destacó la "relevante calidad probatoria" del testimonio de la víctima y el trabajo del fiscal Héctor David López, junto a la querella de la Secretaría de la Mujer, para conformar una red sólida de evidencias.
Al momento de fijar el monto de la pena, el juez Miguez Martín fue categórico al señalar que no existieron atenuantes pero sí múltiples agravantes. El fallo resalta que el autor sacó provecho de la desigualdad de poder y de su supremacía física para "transformar a la víctima en un objeto al servicio de su satisfacción".
Un punto clave en la sentencia fue el antecedente penal del acusado, quien ya contaba con una condena previa por delitos contra la integridad sexual de una menor. El juez remarcó que, a pesar de haber cumplido reglas de conducta supervisadas por el Estado en el pasado, el hombre demostró una "total irreflexión acerca del daño causado" y una reiteración en comportamientos lesivos contra las mujeres.
Finalmente, se dispuso que, una vez firme el fallo, el condenado sea incorporado al Registro de Condenados por Delitos contra la Integridad Sexual y se proceda a la obtención de sus muestras genéticas.
