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LA PAMPA | La acción judicial fue impulsada originalmente en mayo de 2024 por el gobernador Sergio Ziliotto, con el patrocinio del constitucionalista Andrés Gil Domínguez y la Fiscalía de Estado a cargo de Romina Schmidt. La Provincia busca que se declare la inconstitucionalidad de la retención de estos recursos, exigiendo que el 1% asignado a los ATN se integre a la masa coparticipable y se distribuya de manera automática, tal como dicta la Ley 23.548.
El escrito presentado ante la Corte sostiene que el Gobierno nacional se ha "apropiado en forma indebida" de recursos que pertenecen por derecho a las provincias. Entre los puntos más destacados de la demanda se encuentran:
Distribución Automática: La Pampa sostiene que, según la reforma constitucional de 1994, el reparto debe ser equitativo, solidario y, fundamentalmente, automático.
Fin de la Discrecionalidad: Se cuestiona que la asignación de los ATN dependa de la "discrecionalidad absoluta" del Poder Ejecutivo, sin parámetros objetivos, lo que genera un "ahogo financiero" a las jurisdicciones federales.
Cifras en disputa: Al momento de la presentación, se estimaba que Nación retenía cerca de 397 mil millones de pesos, habiendo transferido apenas una mínima fracción (10.300 millones) a solo unas pocas provincias.
La administración pampeana ralinzó que esta situación no registra antecedentes cercanos de tal magnitud, recordando que la última distribución masiva se realizó en noviembre de 2023. La falta de estos recursos, argumenta la Provincia, limita la capacidad de respuesta de los estados provinciales ante demandas sociales, de infraestructura y emergencias económicas.
Con esta resolución, la Corte Suprema abre formalmente un proceso judicial que pondrá bajo la lupa la relación fiscal entre la Nación y las provincias, y que podría marcar un precedente histórico sobre cómo se gestionan y distribuyen los recursos públicos en el país.
