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SANTA FÉ | Hay provincias que miran a sus aeroclubes como lo que verdaderamente son: infraestructura estratégica, semillero de pilotos y red de emergencia para comunidades alejadas de los grandes centros urbanos. Santa Fe parece ser una de ellas. El senador provincial Rodrigo Borla volvió a colocar sobre la mesa un proyecto de ley que, de prosperar, convertiría a esa provincia en un ejemplo nacional de política pública aeronáutica inteligente y con visión de largo plazo.
La propuesta establece que el Gobierno santafesino, a través del Ministerio de Obras Públicas, otorgue a cada institución aeronáutica de la provincia un subsidio mensual consistente en 700 litros de aeronafta y 20 litros de aceite de uso aeronáutico. Pero la iniciativa va bastante más allá del combustible: también contempla que el Estado provincial asuma los costos de las inspecciones técnicas obligatorias de las aeronaves cada 25, 50 y 100 horas de vuelo, una exigencia reglamentaria que representa uno de los desembolsos más significativos y menos visibles que deben afrontar estas entidades para mantenerse operativas con los estándares de seguridad que la actividad demanda.
El diagnóstico que subyace a la iniciativa es preciso y honesto. Los aeroclubes argentinos cumplen funciones que exceden largamente la enseñanza del vuelo, pero lo hacen sin un esquema de respaldo financiero sostenido por parte del Estado. El combustible aeronáutico tiene un precio elevado, las revisiones técnicas son costosas e ineludibles, y las instituciones que sostienen esta actividad dependen en gran medida del esfuerzo voluntario de sus asociados y de la vocación de sus instructores. La propuesta de Borla apunta directamente a ese nudo problemático y ofrece una solución concreta, mensual y previsible.
Uno de los aspectos más destacables de la iniciativa es que no se limita a transferir recursos sin contrapartida. Para acceder a los beneficios, los aeroclubes deberán cumplir con las disposiciones del Código Aeronáutico en materia de personal técnico y docente, acreditar instructores de vuelo y mecánicos de mantenimiento formados en escuelas reconocidas, y demostrar una cantidad mínima de egresados anuales en categorías como piloto de avión con motor, vuelo sin motor y paracaidismo. En otras palabras, el subsidio está atado a resultados concretos en materia de formación, lo que transforma al proyecto en una política de inversión con retorno medible y no en una mera transferencia de fondos sin exigencias.
Y ese retorno existe, y es múltiple. Las instituciones que el proyecto busca fortalecer son las mismas que colaboran en la detección temprana de incendios rurales, que realizan traslados de pacientes en zonas donde ningún otro medio llega a tiempo, que operan vuelos sanitarios de urgencia, que brindan apoyo logístico ante catástrofes naturales y que participan de operativos policiales y de seguridad. Cada peso volcado en mantener operativo un aeroclub es un peso destinado a ampliar la capacidad de respuesta del Estado ante situaciones críticas que, en territorios con grandes extensiones rurales, se presentan con una frecuencia que los presupuestos oficiales rara vez reconocen.
El argumento quizás más poderoso de la propuesta de Borla es el que apunta a la formación de recursos humanos para la aviación nacional. Los aeroclubes son, en los hechos, la principal puerta de ingreso a la carrera de piloto en la Argentina. Salvo algunas escuelas privadas de alto costo y acceso restringido, la instrucción básica de vuelo depende casi en su totalidad de estas instituciones.
El Estado nacional carece de estructuras propias para esa etapa inicial de capacitación, lo que convierte a los aeroclubes en un engranaje insustituible de la cadena que garantiza la disponibilidad futura de aviadores para la actividad comercial, privada y estatal. Abandonarlos por falta de apoyo económico equivale a hipotecar la aviación argentina de las próximas décadas.
El senador Borla lo expresa con claridad en los fundamentos de su propuesta: los aeroclubes constituyen "la red aeroportuaria más extensa e importante de la Argentina", sus instalaciones posibilitan la operación de aeronaves civiles, militares y estatales en puntos del territorio donde no existe ninguna otra infraestructura equivalente, y "su actividad resulta esencial para el progreso y el desarrollo de numerosas localidades, especialmente aquellas alejadas de los grandes centros urbanos". Esa caracterización no es retórica: describe con precisión lo que estas entidades hacen cotidianamente, muchas veces en silencio y sin el reconocimiento que merecen.
El proyecto santafesino merece atención mucho más allá de las fronteras de esa provincia. Representa un modelo replicable, una manera concreta de traducir el reconocimiento del valor estratégico de los aeroclubes en política pública con contenido real. El debate que Borla instala en la Legislatura de Santa Fe debería resonar en los parlamentos provinciales de todo el país, especialmente en aquellos cuyas geografías hacen de la aviación general no un complemento sino una necesidad impostergable.
