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CÓRDOBA | El cuerpo de control creado hace dos años y medio por la gestión de Passerini para poner orden en la vida nocturna de la capital cordobesa quedó en el centro de la escena tras una serie de derivaciones vinculadas al femicidio de Agostina Vega.
La detención de Soledad Andreani, una ex empleada de Wachitas señalada como encubridora del crimen que habría cometido su pareja, el ex becario municipal Claudio Barrelier, puso la lupa sobre ese bar de Nueva Córdoba, que funcionaba sin cumplir las normas de habilitación, y luego sobre otros locales con irregularidades similares, ubicados en un sector ámpliamente ocupado por estudiantes pampeanos.
El director del Ente, Ezequiel Hormaeche Actis, deberá presentarse este martes ante el Concejo Deliberante para responder a la catarata de pedidos de informes presentados por la oposición, que indaga tanto sobre el caso Wachitas como sobre el funcionamiento general de las habilitaciones y controles nocturnos en la ciudad.
Ese debate se da en simultáneo al anuncio de Passerini de crear la Unidad Ejecutora Mixta de Coordinación y Prevención para la Seguridad Pública, que tendrá a su cargo la planificación y ejecución de estrategias de control sobre el espacio público y los locales de actividad nocturna, además de centralizar criterios para los operativos de fiscalización en distintos puntos de la ciudad.
De cara a su exposición legislativa, Hormaeche llevará un balance de gestión que el municipio ya había adelantado en respuesta a pedidos de información. De ese resumen surge que, mientras el Ente mostró una actuación agresiva contra las redes vinculadas a dos grandes operadores de la noche cordobesa, identificados como Roberto Moyano y Claudio Bass, la fiscalización pareció llegar tarde en el caso de otros locales que acumularon irregularidades durante varios años antes de ser clausurados.
Entre los objetivos centrales del organismo apareció el denominado clan Moyano, encabezado por el ex dueño de Rapoza y otros locales emblemáticos de la noche cordobesa. El informe oficial destaca la intervención sobre un local de calle Sucre que entre abril y octubre de 2025 acumuló cuatro clausuras y cinco violaciones a las fajas y prohibiciones municipales, además de una actuación por fiestas clandestinas tipo after. También se mencionan los operativos sobre otro establecimiento de calle Rondeau, con desalojos totales y secuestro de elementos tras reiteradas infracciones durante 2024.
El otro gran objetivo de los controles fue el empresario nocturno Claudio Bass, dueño de un boliche, bar y after que funciona desde hace más de una década en la primera cuadra de bulevar Las Heras, muy cerca de la nueva sede del Concejo Deliberante. Una de sus sedes fue objeto de clausura preventiva y desalojo, mientras que la otra, registrada con domicilio en bulevar Los Andes, acumuló siete actas de infracción en apenas dos meses durante el inicio de 2025.
A pesar de ese despliegue contra los grandes jugadores de la noche, los controles parecen haber llegado tarde a varios locales del centro y de Nueva Córdoba. El caso de Wachitas resulta paradigmático: pese a que en diciembre de 2024 se detectaron deficiencias graves, como escaleras sin antideslizante y falta de tratamiento ignífugo, el local fue habilitado en octubre de 2025. Menos de un año después, en junio de 2026, debió clausurarse nuevamente por deterioro edilicio y fallas eléctricas, lo que evidenció que las condiciones de seguridad nunca se sostuvieron en el tiempo.
El cierre llegó además luego de conocerse que la mujer detenida como encubridora del femicidio de Agostina Vega cumplía funciones similares a las de encargada en ese mismo bar, aunque la causa judicial remarca que se trataría de situaciones distintas.
Un escenario parecido se repite en otro local de calle Buenos Aires, que en menos de un año y medio acumuló ocho actuaciones por ruidos molestos, falta de habilitación y, finalmente, infracciones a las normas de seguridad contra incendios en junio de este año. Un tercer caso es el de un boliche de la misma zona, clausurado hace pocas semanas pero con antecedentes de ruidos excesivos en 2024, fallas de seguridad en 2025 y nuevas irregularidades de habilitación y seguridad detectadas en junio pasado.
Existe un reconocimiento tácito de que los controles resultaron insuficientes en la decisión que tomó Passerini el viernes por la noche, al ordenar operativos masivos y simultáneos sobre los establecimientos comprendidos en el Código de Espectáculos Públicos, con instrucciones de mantener las inspecciones de manera sostenida en toda la ciudad durante los próximos 90 días. Incluso sin que la nueva Unidad Ejecutora entrara todavía en funciones, ese mismo viernes se realizó un operativo de saturación en barrio Nueva Córdoba, a cargo de la Policía, con controles de alcoholemia y aplicación del Código de Convivencia, que se extendió hasta la madrugada y arrojó resultados modestos: seis personas aprehendidas por faltas y el secuestro de doce vehículos por infracciones municipales.
El Ente también reseñó su participación en otras investigaciones penales vinculadas a empleados y funcionarios municipales. Detalló que, desde diciembre de 2023, aportó información a la fiscalía a cargo de la denominada causa Bomberos, sobre certificados presuntamente falsos de seguridad contra incendios, lo que derivó en más de 42 actuaciones conexas y allanamientos en dependencias municipales. También informó que puso en conocimiento de la Justicia antecedentes vinculados a un inspector municipal por presuntas exigencias de gestiones particulares bajo amenaza de clausuras, y que detectó certificaciones técnicas presuntamente apócrifas utilizadas para respaldar trámites de habilitación comercial, causa en la que todavía no habría imputados.
En su informe estadístico, el municipio destacó que durante 2024 se realizaron 372 actuaciones, con 132 clausuras y 240 desarticulaciones preventivas; en 2025 la cifra ascendió a 693 actuaciones, con 257 clausuras y 436 desarticulaciones preventivas; y entre enero y mayo de 2026 ya se registraron 324 actuaciones, con 118 clausuras y 206 desarticulaciones preventivas. Desde el municipio remarcaron que el 64% de las intervenciones corresponden a desarticulaciones preventivas, porcentaje que durante 2026 trepó al 73%.
Sin embargo, el anuncio de la nueva Unidad Ejecutora generó fuertes reclamos en la oposición. La concejal radical Elisa Cafaratti calificó la medida como una repetición de lo que ya se había prometido en febrero de 2024, tras el escándalo de la causa Bomberos, y consideró un papelón que se vuelva a dar la misma respuesta institucional que, a su entender, fracasó en aquel momento. La edil reclamó además que se concrete la auditoría externa prevista en la ordenanza de creación del Ente, pedida en conjunto por todo el arco opositor.
Hormaeche deberá responder este martes una extensa serie de preguntas de todos los bloques opositores, que exigen la apertura de los expedientes completos y no apenas un resumen con datos seleccionados. Otro concejal radical, Javier Fabre, presentó un proyecto para crear una comisión investigadora, que podría sumar el acompañamiento de otros bloques minoritarios, los cuales coordinan una conferencia de prensa conjunta tras la exposición del funcionario. Solo en torno al caso Wachitas, hay más de cien preguntas asentadas en los pedidos de informes presentados ante el Concejo Deliberante.
