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SANTA ROSA | El intendente de Santa Rosa, capital provincial de La Pampa, Luciano di Nápoli, salió a cuestionar duramente al Gobierno nacional luego de que se oficializara la decisión de quitarle a la provincia las regalías hidroeléctricas correspondientes al sistema Los Nihuiles, ubicado sobre el río Atuel.
A través de su cuenta de X, di Nápoli sostuvo que "el presidente de la Nación y su ministro de Economía acaban de quitarle a La Pampa las regalías por la represa El Nihuil, un recurso económico que le corresponde geográfica, histórica y legalmente a nuestra provincia". El intendente agregó que "a los pampeanos ya nos robaron un río incumpliendo, incluso, lo establecido por la CSJN; ahora nos vuelven a despojar del recurso económico cuyo acuerdo, también, se encuentra homologado por el máximo tribunal".
La medida fue formalizada este viernes mediante el Decreto 982/2026, firmado por Milei y por el ministro de Economía, que derogó el Decreto 1560/73. Esta última normativa, vigente desde hace más de cinco décadas, establecía que las regalías hidroeléctricas generadas por el Complejo Los Nihuiles se distribuyeran en partes iguales entre Mendoza y La Pampa, con un 6% para cada provincia sobre el total del 12% que fija la Ley 15.336 para los territorios donde se ubican las fuentes hidroeléctricas. Con la nueva disposición, la totalidad de esos fondos pasará a manos de la provincia cuyana.
En ese marco, di Nápoli anunció que acompañará "el reclamo judicial y político de nuestro gobierno provincial" para intentar revertir la medida, y llamó a que "todos los partidos y dirigentes se expresen de igual modo". El intendente santarroseño apuntó especialmente contra el diputado nacional pampeano y vocero presidencial, Adrián Ravier, a quien exhortó a renunciar: "si le queda algo de dignidad tiene que renunciar inmediatamente a este gobierno que despoja a los pampeanos y pampeanas", afirmó.
El planteo de di Nápoli se suma a los cuestionamientos que otros dirigentes y referentes pampeanos realizaron tras conocerse la medida. El gobernador Sergio Ziliotto había calificado la decisión como un "robo" y advirtió que "no nos quedaremos quietos", mientras que desde distintos sectores políticos y jurídicos de la provincia se anticipó que el Ejecutivo provincial evalúa iniciar una nueva presentación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para intentar frenar los efectos del decreto.
