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"La gravedad de la decisión del Poder Ejecutivo sobre el incumplimiento de dicha medida cautelar no es avizorada aun por la ciudadanía", comentan desde CARBAP

Una nota enviada a la Intendente municipal Viviana Bongiovanni por parte de las autoridades de la Copagua, tomó estado público al recibir una copia el cuerpo de Concejales en la sesión de este jueves. La misma le reclama a la jefa comunal el incumplimiento de lo pactado en la última reunión, el pago de la deuda y advierte que la falta de compromiso podría generar un problema ambiental.

El titular del Instituto Provincial Autárquico de Viviendas (IPAV), Jorge Lezcano no esquivó el tema y fue contundente al afirmar que “se seguirán notificando” a las familias para que regularicen su deuda, “de lo contrario la vivienda tiene que volver al Estado”.

Las multas previstas en esta ley provincial oscilan entre los 5 mil y los 500 mil pesos, y se impondrán al detectarse conductas que transgredan protocolos de seguridad o sanitarios.

El juez de control de General Pico Heber Pregno, a pedido del fiscal interviniente Juan Ignacio Pellegrino y con la participación del defensor oficial Guillermo Costantino; realizó un reexamen de medida de coerción, mediante llamadas de whatsapp, a Rubén Facundo Sosa, por haber incumplido el arresto domiciliario que pesaba sobre él.  El juez dejó sin efecto el arresto domiciliario y le ordenó la prisión preventiva hasta el 13 de abril del corriente año.

La Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de Santa Rosa hizo lugar a un recurso de apelación de la empresa Oca SRL y avaló el despido de una empleada, luego que ella admitiera y se constatara por auditoría, que se había “adulterado y modificado en forma manual el registro del sistema de control de horarios” para cobrar horas extras que no se habían cumplido. En primera instancia, el juez Claudio Soto, titular del Juzgado en lo Laboral 2, había hecho lugar a la demanda de la mujer, por entender que el despido había sido sin causa y le había otorgado el cobro de la indemnización correspondiente.  

Tomás tiene 13 años y necesita sesiones de láser para tratar una mancha en su rostro. A mitad del proceso se quedó sin cobertura. A pesar de un fallo judicial, la mutual niega la prestación y la familia debe afrontar altos costos.