El prebístero tiene 44 años. Es penalmente responsable del delito de abuso sexual simple, “aprovechándose de que la víctima no podía consentir libremente la acción, agravado por haber sido cometido por un ministro de un culto reconocido”, como delito continuado.
Judiciales 22 de agosto de 2019
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Además le mantuvo la restricción absoluta, de acercamiento y de cualquier tipo de contacto para con la víctima, hasta el final del proceso, pues está en libertad, y ordenó que se lo detenga inmediatamente una vez que el fallo quede firme.
Besi, luego del juicio oral, dio por acreditado que “sin poder precisar fecha exacta”, pero que entre los meses de enero y diciembre de 2015 el imputado abusó sexualmente de un joven con discapacidad y una edad mental por debajo de la cronológica, “mediante tocamientos”.
De hecho, la víctima –aun siendo mayor– tuvo que declarar en Cámara Gesell, donde lo hacen los menores de 18 años, debido “al estado de necesidad y vulnerabilidad en que se encontraba (…) y más aun teniendo en cuenta el retraso madurativo leve que padece”, dice la sentencia. Ese acto fue cuestionado por la defensa, pero Besi avaló lo actuado por el juzgado de control.
Los abusos, dijo el magistrado, “se produjeron tres o cuatro veces en el interior de la iglesia y de la casa salesiana” de Victorica y también “en una de las habitaciones de la casa”, en ocasión en que el damnificado pernoctara allí. Otro episodio similar sucedió dentro de “la combi de la comunidad salesiana, en la que viajaban a distintos pueblos”. Esa vez iban a Telén. La víctima se sentó al lado del párroco, que conducía el vehículo y que trasladaba a otros niños, y en esa circunstancia volvió a tocarlo.
La fiscala de Victorica, Alejandra Moyano, había solicitado durante su alegato la pena de cinco años de prisión para el párroco por abuso sexual simple, agravado por la calidad de autor, ya que es ministro de un culto reconocido –sacerdote de la iglesia católica apostólica romana–, aprovechándose que la víctima no podía consentir libremente la acción en razón de su discapacidad. La querellante particular, la defensora oficial Paula Arrigone, en representación de la madre de la víctima, adhirió al planteo de la fiscalía y requirió tres años y tres meses de prisión. La defensora particular del cura, Vanesa Ranocchia Ongaro, sostuvo que existieron dudas razonables y que correspondía absolver al acusado.
“Tenía respeto por el imputado”.
Besi, para fijar la pena, tuvo en cuenta favor del reo, “sus condiciones personales, la falta de antecedentes penales, que siempre mantuvo actividad laboral, y también su colaboración durante el proceso y su postura y presencia en la audiencia”.
En cambio, valoró negativamente el daño causado a la víctima y su extensión y el grado de vulnerabilidad en que ella se encontraba y el que actualmente se mantiene. Ello, indicó el magistrado, se desprende no solo del informe de la Oficina de Atención a la Víctima y a los Testigos, sino de otro informe oficial de un profesional forense.
Además Besi merituó “las circunstancias que acompañaron los hechos y la modalidad y ocasión en que se ejecutaron”, que “la víctima tenía plena confianza y respeto en el imputado”, que “se sentía contenido, comprendido y acompañado” y que además “tenía un espacio para su desarrollo para poder desplegar sus conocimientos, ya con anterioridad había expresado su total deseo de ser misionero, lo cual se frustró ante las situaciones vividas”.
El juez concluyó que el acusado “abusó del deber de moralidad y honestidad, pues no solo se aprovechó de su calidad de sacerdote, sino además de la leve discapacidad que padece la víctima, logrando y favoreciendo así la materialidad de sus actos ilícitos, los cuales fueron cometidos fuera de la vista de terceras personas. Él era educador y daba clases de catequesis”.
Prensa STJ
Franco Catalani, uno de los abogados que patrocina a clientes de planes de ahorro, resaltó el fallo de la jueza Adriana Pascual, del Juzgado Civil 5 de Santa Rosa. “Ganaron los ahorristas de automotores en La Pampa”, dijo. En forma directa este beneficio alcanza a unos 1500, pero podrían sumarse más.
El juez civil de primera instancia, Pedro Campos, ordenó a la obra social provincial Sempre la entrega de una medicación muy costosa a una afiliada que padece una enfermedad degenerativa; aunque previamente exigió que su médico tratante presente un informe sobre su estado de salud actual, para que la parte demandada puede realizar un seguimiento acerca de la mejoría o estabilización a partir del uso de la droga.
El juez de audiencia de juicio de General Pico, Marcelo Pagano, condenó a Nazareno Ezequiel Díaz, de 31 años, por considerarlo autor material y penalmente responsable del delito de portación de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización legal agravada; a la pena de cuatro años de prisión, con declaración de reincidencia.
Javier Ale, un hombre de 60 años y con antecedentes penales, fue condenado a cinco años de prisión por ser considerado coautor del delito de robo doblemente calificado por haber sido cometido en despoblado y con la utilización de arma de fuego, cuya aptitud para el disparo no pudo tenerse por acreditada. Además fue declarado reincidente.
Un hombre de 27 años fue condenado ayer a una pena única de tres años de prisión de cumplimiento efectivo por un hecho de violencia de género. Tenía como antecedente una agresión similar contra la misma víctima.
El Juez de Control Carlos Espínola condenó a los autores del robo de dos vacunos del predio de la Escuela Agrotécnica de Victorica y dictó el sobreseimiento de Jorge Ceferino Macedo, quien estuvo acusado de encubrimiento.
Dos hombres que serían hermanos le propinaron una golpiza a otro joven que se moviliza en silla de ruedas. Según versiones extraoficiales de testigos que observaron la reyerta indicaron que la misma se dio, según las afirmaciones de los atacantes, a raíz de que el joven previamente habría agredido físicamente a la madre de ambos, provocando que la mujer debiera ser llevada a un centro de salud local.
Desde la Dirección de Prevención y Convivencia Ciudadana de la Municipalidad de Realicó, se informó que personal técnico comenzó a realizar el mantenimiento de las cámaras de seguridad que hay instaladas en esa localidad.
La joven Felicitas Alvite, quien atropelló y mató a un motociclista en esta ciudad, se entregó ayer por la tarde a las autoridades, luego de haber permanecido prófuga de la justicia durante varios días.
Un sujeto fue aprehendido tras ser observado por un productor rural cuando enlazaba un ternero con la intención de sustraerlo. El rápido accionar de la Patrulla Rural evitó su fuga, ocurrió en la localidad cordobesa de Coronel Baigorria.
La víctima tiene 82 años. Está en terapia intensiva, muy grave, en el Sanatorio Plaza. La señora, de 77 años, fue trasladada a la Comisaría 2°.
