Comenzó este martes, vía Zoom, el juicio oral contra los tres acusados del homicidio del menor Adolfo Esteban Peralta, ocurrido el 11 de julio de 2019 en Catriló. Los imputados son los hermanos Juan Bartolomé (27 años) y Francisco José Munar (32) y Marcelo Leguizamón (38). Las audiencias se extenderán a priori hasta el jueves 10, cuando se escuchen los alegatos de cierre.
Judiciales 02 de junio de 2021
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El debate fue organizado y coordinado por la Oficina Judicial de Santa Rosa, ya que al ser en forma remota todos los protagonistas participaron desde diferentes lugares. Solo los jueces de audiencia, Gastón Boulenaz, Daniel Sáez Zamora y Carlos Besi, estuvieron presentes en la sala de audiencias del Centro Judicial.
La fiscal María Cecilia Martiní; la asesora de Niños, Niñas y Adolescentes, Graciela Massara; y la defensora oficial, Paula Arrigone, patrocinando a la querellante Zulema Francisca Sosa –madre de Peralta– participaron desde sus respectivas oficinas.
Lo propio ocurrió con las defensoras y defensores oficiales, Mariel Annechini, Silvina Blanco Gómez y Pablo De Biasi, quienes estuvieron acompañando a sus defendidos, Juan Munar, Francisco Munar y Leguizamón, respectivamente.
A su vez, los seis testigos de la primera jornada también declararon por Zoom, algunos de ellos desde Catriló y Lonquimay. Entre las testimoniales de hoy se oyó a la mamá de Peralta y al entonces jefe de la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional I, Marcelo Calderón. En las cinco jornadas restantes se espera que pasen frente al Tribunal de Audiencia otros 40 testigos.
El hecho investigado ocurrió en cercanías del cementerio de Catriló. Allí los Munar y Leguizamón habrían agredido a Peralta (16 años), provocándoles múltiples heridas corto punzantes con un cuchillo tipo daga y también heridas de proyectil con un revólver calibre 22. Algunas de esas heridas habrían sido provocadas cuando la víctima aún estaba con vida, otras mientras agonizaba y las restantes después de morir.
Además Leguizamón, de acuerdo a la acusación, manipuló y transportó un arma de fuego pese a estar inhabilitado por el Registro Provincial de Armas; mientras que Juan Munar lo hizo sin contar con el permiso legal para ello.
Por ello, Martiní les imputó a los tres, en principio, el delito de homicidio calificado por ensañamiento y alevosía, y por haberse realizado con el concurso premeditado de dos o más personas, agravado por la utilización de un arma de fuego, todas figuras penales que concurren en forma ideal entre sí. A su vez a Leguizamón y Juan Munar les agregó el delito de portación de arma de uso civil sin la debida autorización legal, en concurso real con el homicidio.
El Juez de Control Carlos Espínola condenó a los autores del robo de dos vacunos del predio de la Escuela Agrotécnica de Victorica y dictó el sobreseimiento de Jorge Ceferino Macedo, quien estuvo acusado de encubrimiento.
El presidente del Superior Tribunal de Justicia, José Roberto Sappa, les recibió ayer juramento en General Acha a Héctor David López, Lucas Gabriel González y Guadalupe Martín Dasso, quienes asumieron como fiscal y fiscal adjunto en el Ministerio Público y secretaria del Juzgado de Familia, Niñas y Niños Adolescentes, respectivamente.
En el marco de un acuerdo de juicio abreviado, el juez de control de General Pico, Heber Pregno, condenó a Juan Mauricio Cabaña, de 39 años de edad, como autor material y penalmente responsable del delito de amenazas simples -dos hechos - en concurso real; a la pena de nueve meses de prisión de efectivo cumplimiento, manteniendo su condición de reincidente.
La Cámara Nacional de Casación Penal ha emitido un fallo histórico respecto a las responsabilidades de los funcionarios involucrados en el desvió de información del atentado en el edificio de la mutual de la AMIA, reafirmando el sentido de justicia para las víctimas y sus familiares, tras casi treinta años del ataque.
El Tribunal de Impugnación Penal confirmó la absolución de Jonatan Iván Moyano, en orden al delito de lesiones gravísimas culposas en perjuicio de su pareja, al no hacer lugar a los recursos de impugnación de la fiscalía y la querella particular.
Un empleado de la Municipalidad de Santa Rosa fue condenado hoy a dos años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargo o empleo público, por ser autor del delito de fraude en perjuicio de la administración pública, agravado por su condición de empleado comunal.
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Tras ser alertados por conductores sobre la presencia de un camión avanzando por la ruta provincial 4 de manera peligrosa, zigzagueando por la cinta asfáltica, personal policial de La Maruja, Pichi Huinca y Caleufú detuvieron al rodado y tras el control de alcoholemia se constató una medición de 2,40 gs./l. en sangre, el hombre fue notificado en libertad y el vehículo retenido.
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Diputados le dio media sanción al proyecto que propone una serie de cambios en el sistema que rige para aquellas personas que no cumplieron con los aportes jubilatorios
