En primer lugar, los integrantes del CAG remarcaron su preocupación y alarma ante la metodología propuesta por el gobierno y el momento elegido para hacerlo. “Las autoridades del Ejecutivo Nacional han dispuesto intervenir no sólo una empresa privada, sino sobre otro poder del Estado. Es decir, se metió de lleno en una empresa que está en pleno proceso de concurso en la justicia, quitándola de ese ámbito. Esto es de una gravedad institucional que nos alarma, puesto que atenta contra el principio constitucional de división de poderes y rompe el sistema de pesos y contrapesos diseñado por nuestros constituyentes para que hubiese control entre los poderes”, dijeron.

“A esto hay que sumarle que esa intromisión de un poder en la labor del otro también se da entre jurisdicciones diferentes: el poder nacional afecta lo actuado por el poder judicial de una provincia, en este caso la santafesina, por lo que también socava los principios del federalismo”, puntualizaron.  

Y siguieron: “El concurso de esta empresa se lleva adelante hace un tiempo, pero a través de una conferencia de prensa convocada horas antes, intempestivamente el gobierno anuncia esta decisión controvertida y por vía de un DNU. En relación con la herramienta elegida, cabe la pregunta, si el Congreso Nacional está sesionando, como lo mostraron con gestiones virtuales en ambas Cámaras, ¿cuál es el sentido de acudir a un Decreto de Necesidad y Urgencia, por qué avanzar de este modo?”

“Otro de los aspectos controversiales es el hecho de que se habla de una intervención, pero el objetivo final es la expropiación de la empresa. Sin embargo, nuestra Carta Magna también establece claramente que para avanzar con ese mecanismo tiene que haber una utilidad pública declarada con claridad. En este caso, esa utilidad no se señala, no se fija un precio válido, ni se establece el camino a seguir luego de la intervención estatal”.

En otro orden de cosas, aseguraron que “en su discurso, el presidente de la Nación habló de asegurar la soberanía alimentaria y de dar lugar al modo cooperativo para la gestión. Estas cuestiones tampoco están claras en el DNU. Y si bien suenan adecuadas como propuestas, alarma el hecho de que la iniciativa no detalle estas cuestiones. Porque, pese a lo dicho como título, no hay ninguna precisión que establezca, por ejemplo, que vaya a establecerse una dirección en la que los pequeños y medianos productores o el sector cooperativo puedan tener alguna injerencia en la gestión de esa empresa. Por supuesto, como entidad estamos de acuerdo con asegurar la soberanía alimentaria, como expresamos desde hace años, especialmente en el marco del Decenio de la Agricultura Familiar, aunque creemos que este no es el modo de hacerlo. El camino es consolidar a los productores de escala más pequeña darle oportunidades y herramientas; en este caso hablamos de una de las principales exportadoras del país”.

Y añadieron: “Nadie duda de que la gestión de Vicentin fue deficitaria. Que las deudas que mantiene, con privados y con la banca pública son enormes y deben resolverse, es decir que debe asegurársele a los acreedores el pago de esas obligaciones contraídas. Sin embargo, no queda claro por qué debemos ser todos los argentinos, a través de una nacionalización, los que debamos saldarlas. Cabe la pregunta, ¿si los dueños de una empresa pidieron dinero, lo malgastaron o lo administraron mal, por qué debemos ser todos los argentinos los que, una vez más, debamos afrontar ese peso?”.

“Por último, pero no menos importante, debemos remarcar que en los considerandos de la propuesta del gobierno se recogen los datos de la gravísima concentración que se da en el sector exportador de granos y aceites. Se dice textualmente ‘las principales diez mayores empresas representaron el 91% del total de las exportaciones de granos y productos derivados de origen nacional durante la campaña 2018/19. Que, de dichas empresas, la mitad de las firmas exportadoras pertenece a capitales nacionales y el resto a capitales extranjeros’. Desde la entidad venimos denunciando esto desde hace décadas. Repetidamente hemos pedido que el Poder Ejecutivo y/o el Legislativo trabajen en políticas públicas serias tendientes a poner freno a este avance, que nos perjudica claramente como pequeños y medianos productores”. 

“Lamentablemente, en las únicas situaciones en las que hablan de estos temas es cuando sirven como argumento para sus fines, pero no lo hacen para ayudarnos a los actores más débiles. Ni para resolver las inequidades existentes, que nos sacan permanentemente de la cancha, mientras otros siguen concentrando y creciendo. Siempre es una excusa, pero pasa a ser algo invisible cuando les pedimos que diseñen políticas públicas en serio que nos protejan”, concluyeron los integrantes del CAG de Federación Agraria.