De acuerdo a lo estipulado por la Justicia, Báez debe usar una tobillera electrónica y presentarse en Tribunales cada 15 días, tal como le había impuesto el juez Sebastián Casanello en marzo de este año, cuando le otorgó la domiciliaria en la causa que investiga la compra del campo El Entrevero, en Uruguay.

Luego de cuatro años y cinco meses detenido y tras un fallo favorable del Tribunal Oral Federal 4, el empresario había salido el lunes alrededor de las 8 de la noche, pero unas horas después debió regresar a Ezeiza. Sucede que los vecinos del barrio privado donde iba a comenzar a cumplir el arresto domiciliario, el country Ayres del Pilar, no lo dejaron entrar, recordó Infobae.

Ese mismo lunes, la Sala IV de Casación había hecho lugar a un recurso interpuesto por la defensa de Báez y le ordenó al TOF 4 que haga efectiva la domiciliaria. En consecuencia, así lo dispusieron los jueces Néstor Costabel, Daniel Obligado y Jorge Luciani, aunque cuestionaron el contenido de esa resolución. “No compartimos las críticas efectuadas por la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal a la resolución impugnada, siendo que la opinión de los suscriptos ya ha sido debidamente expresada en la resolución de fecha 4 de agosto pasado, a cuyas consideraciones nos remitimos por cuestiones de brevedad”, dijeron.

“No existe otra posibilidad más que hacer efectivo el arresto domiciliario dispuesto por el Juzgado instructor, aun cuando hasta el momento no se ha depositado la caución real fijada”, sostuvieron.

Con el fallo a favor, el lunes pasado Lázaro Báez y sus abogados intentaron en tres ocasiones ingresar a Ayres del Pilar, pero los habitantes del barrio privado reaccionaron con piedrazos, huevazos e, incluso, sentándose delante del vehículo para obstaculizar su paso. Por ende, en la noche del miércoles decidieron mantener el nuevo domicilio en secreto.

Báez está detenido desde el 5 de abril de 2016 en Ezeiza, con los plazos máximos de la preventiva ampliamente superados, y está siendo juzgado por “la ruta del dinero K” y la causa de Vialidad. En el primer juicio, su defensa terminó su alegato y buscó despegar a los cuatro hijos del empresario diciendo que eran “víctimas de una persecución”.

El juicio podría tener sentencia antes de fin de año. La Fiscalía pidió que sea condenado a 12 años de cárcel y que pague una multa de $2.121 millones. También habrá decenas de bienes decomisados, siempre que haya condena. El empresario también acumula tres pedidos de penas de entre 8 y 9 años de cárcel de las tres querellas.