Ahora será un Tribunal de Juicios y Apelaciones de la Justicia entrerriana el que deberá resolver sobre la estadía de Dolores Etchevehere y los 40 militantes de Juan Grabois, del Proyecto Artigas ,en el casco principal de la estancia. La composición de dicho tribunal deberá ser sorteada según establece el código provincial. Será la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) del Poder Judicial la que debe tramitar el recurso de apelación.

Además, Flores rechazó la recusación presentada por el abogado de la familia Etechevere, Rubén Pagliotto, ya que el magistrado consideró que "el abogado no mencionó causal alguna como requisito tal lo prevé la ley”, según informaron desde el Servicio de Comunicación del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJER). El magistrado consideró que Pagliotto había realizado “frases injuriosas e injustificadas a su persona” y que esto lo hizo incurrir en “la falta de decoro y respeto a la investidura”.

Ambas resoluciones fueron firmadas este domingo por la tarde, mientras un importante número de productores se manifestaban frente al ingreso del predio con fuertes críticas a su accionar en el marco del expediente. Flores consideró que la apelación fue realizada dentro de los plazos y dio curso al recurso.

El pasado viernes, el magistrado rechazó la medida cautelar presentada por la querella -que había sido acompañada por el Ministerio Público Fiscal (MPF) a cargo de Oscar Sobko- en donde solicitaban el inmediato desalojo de los que están habitando el casco principal de la estancia. En su fallo, consideró que Dolores Etchevehere tenía derechos sobre 129 hectáreas del campo según consta en el acuerdo firmado en agosto del 2018, donde el ex ministro Luis Miguel Etchevehere, sus hermanos y su madre le cedieron a Dolores esa parte de la estancia a cambio de que la mujer se desprenda de las acciones de la firma ganadera familiar Las Margaritas SA.

Este domingo por la mañana se desarrolló una audiencia que fracasó en su intento por conciliar las partes ya que la querella decidió no asistir -sin aviso- por considerar que el juez no debe continuar al mando de la causa. En ese ámbito, la defensa de Dolores Etchevehere propuso una serie de medidas con el fin de resolver el conflicto en el ámbito del Juzgado de Garantías de La Paz.

Entre otras medidas, habían pedido que el Colegio de Abogados de Entre Ríos (CAER) proponga una sede neutral y que la Dirección Provincial de Catastro disponga cuales son las hectareas que le pertenecen a la hermana del ex ministro.

Sin embargo, las medidas solicitadas quedarán supeditadas al futuro del magistrado en la causa. Será decisión del tribunal de alzada, en donde se deberá analizar los planteos de la querella y fiscalía para saber si Flores debe revisar su accionar y dar curso al desalojo o si es el propio Tribunal de Juicio y Apelaciones el que resuelva disponer el lanzamiento de los habitantes actuales del casco de la estancia.

Mientras tanto y a la espera de la decisión del tribunal de alzada respecto al desalojo, es Flores el juez que tiene a cargo el control de garantías de la Investigación Penal Preparatoria (IPP) bajo el sistema acusatorio que rige en Entre Ríos.

Leonor Barbero Marcial junto a sus hijos Luis Miguel, Juan Diego y Arturo Sebastián Etchevehere