Abigail  Milagros Jiménez, la niña de 12 años tiene sarcoma de Ewing, un cáncer que se presenta en las partes óseas y en el tejido blando y reside en las Termas de Rio Hondo. Su estado de salud es delicado y en las últimas horas fue trasladada a su casa donde pidió estar con su familia. 

El lunes 16 de noviembre, Diego y Matilde, los padres de Abigail Jiménez, atravesaron una situación dramática. Sucedió en el límite entre la provincia de Tucumán y Santiago del Estero, de donde la familia es oriunda. La situación quedó registrada en un video que luego se hizo viral. En la secuencia de casi tres minutos se ve al papá con la niña en brazos (que llora sin parar) frente a un efectivo del puesto de control limítrofe. De acuerdo con el relato que hicieron sus padres , cuando salieron de Santiago de Estero, los dejaron pasar sin problema. Cuando quisieron volver, en cambio, les impidieron ingresar a su provincia.

Luego del pedido de disculpas del propio gobernador Zamora la visibilización de este caso conmovió a la opinión pública por la falta de humanidad y el avasallamiento a los derechos del niño.

En la sesión de este jueves, la legisladora pampeana Andrea Valderrama presentó un Proyecto de Ley en la que se establece la capacitación obligatoria en materia de derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, a todas las personas que se desempeñen en la función pública de los tres poderes del Estado.

"Lo llamamos Proyecto de Ley Abigail, porque ello visibiliza un hecho, que nos conmocionó a todos, de vulneración de derechos a una niña de Santiago del Estero a la que se le negó el ingreso a su provincia cuando regresaba de realizar un tratamiento oncológico. A su vez, está basado en una iniciativa de la Diputada Nacional radical Roxana Reyes y que también fue replicada en Provincia de Buenos Aires por los Diputados Alejandra Lordén y Maxi Abad", explicó la diputada. 

Valderrama confia en que "este tipo de hechos tan angustiantes se podrían evitar si las y los funcionarios están capacitados en esta materia".

El proyecto propone que sea la Subsecretaria de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social, o el organismo que en un futuro la reemplace, la autoridad de aplicación de la presente Ley y tiene como objetivo implementar mecanismos que garanticen la participación de las diversas organizaciones referentes a la temática, vinculadas a la defensa de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.

Sancionada será obligatoria para todos los empleados públicos de los tres poderes del Estado y aquellas personas que se negaren sin justa causa a realizar las capacitaciones previstas en la presente ley serán intimadas en forma fehaciente por la autoridad de aplicación a través y de conformidad con el
organismo que se trate.