De esta manera se refirió al conocer el fallo judicial que condenó a dos empresas, una de ellas vinculada al sector financiero, a indemnizar a un consumidor que había sido incluido en el Veraz por la financiera, por una tarjeta de crédito que nunca recibió ni uso.

Bensusán detalló que, en forma paralela a la causa judicial, “en nuestra Dirección de Defensa del Consumidor también se está llegando al final de la actuación que se había iniciado por la misma denuncia, y probablemente la semana que viene tengamos novedades. Desde nuestra área se formalizó la imputación de violación a la ley de defensa del consumidor, la que fuera oportunamente notificada a todas las empresas involucradas”.

La diferencia entre los dos trámites radica en que la sentencia judicial puede dictar una indemnización para la persona damnificada, como en este caso, mientras que desde el órgano provincial puede aplicarse una multa, cuyo monto ingresa a Rentas Generales de la Provincia.

“Cuando hay situaciones de este tipo, la Ley de Defensa del Consumidor establece una instancia de mediación o conciliación, donde denunciante y denunciado pueden arribar a un acuerdo. Si se advierte imposibilidad de llegar a una solución consensuada se realiza un acto administrativo, desde donde puede llegar a salir la sanción, que generalmente es una multa si se considera que se dio una situación fuera de la Ley”, detalló más adelante.

El funcionario recomendó a los vecinos “prestar suma atención a los documentos que se firman para acceder al financiamiento de los productos que se quieren adquirir. Muchas veces se piensa que el vínculo es con el comercio, pero se terminan adquiriendo tarjetas de crédito que no se pretendían o asumiendo compromisos con empresas financieras mediante intereses costosos”.

“En el caso que tomó estado público la Justicia interpretó que el consumidor había actuado de buena fe y que habría asumido un compromiso sin haber sido debidamente informado, pero no siempre termina así, sobre todo cuando se firman documentos que terminan siendo vinculatorios. Por eso la importancia de no firmar nada sin leer o en situación de apuro”, añadió.

Finalmente aseveró que “desde el Gobierno provincial se lleva adelante una clara política de defensa de los derechos de los pampeanos. Dentro de la gestión de descentralización está la posibilidad de que los vecinos puedan tramitar sus inquietudes lo más cerca posible de los lugares donde viven y que la distancia no signifique una traba para acceder a derechos. Por eso es que en 2021 seguiremos trabajando con los municipios de La Pampa, para que se puedan abrir en las comunas espacios de Defensa del Consumidor, como ya lo hicieron General Pico, Eduardo Castex, General Acha, y otras localidades”.