Remitido por el Superior Tribunal de Justicia, se introducen reformas al Código Procesal, Civil y Comercial de La Pampa poniendo en marcha el funcionamiento del “Sistema Informático de Gestión de Expedientes”.

En este sentido, la legisladora cuestionó que "la maniobra intenta por parte de los actuales ocupantes de cargos en el Superior Tribunal con la connivencia del grupo oficialista, un lavado de inconstitucionalidad que ya venían haciendo a través de acordadas, y ahora pretenden que se haga por ley"

De acuerdo a su postura "se buscan facultades para reglamentar modificaciones del Código y por lo tanto que la obligación de legislar los Códigos Procesales de la provincia, que constitucionalmente lo tiene que dictar y/o modificar la Cámara, lo haga el Superior Tribunal de Justicia" denunció.

Fonseca recordó que la Constitución de La Pampa, en su Artículo 68 inciso 16, indica que la Cámara de Diputados tiene la obligación de dictar los códigos de procedimiento, "no delegar y mucho menos en el Superior Tribunal de Justicia, que no tiene facultad para legislar, sino que debe limitarse a aplicar, declarar la nulidad o inconstitucionalidad en casos concretos de las leyes".

La Diputada manifestó “se pretende crear un organismo judicial denominado  “Oficina de Gestión Judicial” con desconocimiento de las funciones y competencias de la Legislatura" y agregó que "la gravedad de la actitud de los integrantes del Superior Tribunal de Justicia radica en que están implementando lo que ahora piden que se haga por una ley a través de las denominadas “acordadas” dispuestas por el poder judicial sin normativa que avale la implementación de todas esas medidas, por ende además de ser inconstitucional, resulta violatorio del derecho de todas las partes del debido proceso, vulnerando el código procesal, el cual es una ley de creación del Poder Legislativo”.

Asimismo resalto que el Poder Judicial excusandose en la pandemia y en el expediente digital, está aplicando acordadas que modifican el código procesal en incumplimiento de la finalidad de las mismas,de reglamentar la practica procesal "luego solicitan encarecidamente que se aprueben mediante proyectos de ley en el Poder Legislativo, porque de lo contrario de no aprobarse, se caería lo realizado a través de estas, según expresó el mismo José Sappa en la reunión de comisión, lo cual significa que ya estarían violando la normativa de división de poderes constitucionales" refutó.

Por último, Fonseca observó que "no puede dejarse de lado la simultaneidad en que mandan este proyecto y el grupo oficialista del gobierno lo impulsa, cuando las mismas personas, cinco integrantes del Superior Tribunal de Justicia, Hugo Oscar Díaz, Eduardo Daniel Fernández Mendía, José Roberto Sappa, Fabricio Ildebrando Luis Losi y Elena Victoria Fresco, quieren resolver, aunque no podrían hacerlo y deberían excusarse porque fueron denunciados por el letrado interviniente Juan Carlos Tierno".

Recordó que Comunidad Organizada presentó un Recurso Extraordinario por la usurpación de cargos en la empresa Pampetrol S.A.P.E.M "perpetrado por el grupo Oficialista-Vernista junto al grupo Propuesta Federal y Juan Pedro Brindesi".

Fonseca agregó en su fundamentación que "dos allegadas al gobierno, las Juezas Marina Álvarez y Laura Torres dijeron que no pueden meterse en cuestiones privativas de la Cámara de Diputados y por lo tanto no se expidieron, generando así una privación de justicia".

La Legisladora insistió "que se intenta con esta maniobra por parte de los actuales ocupantes de cargos en el Superior Tribunal con la connivencia del grupo oficialista en el gobierno, un lavado de inconstitucionalidad que ya  venían haciendo a través de acordadas lo que ahora pretenden que se haga por ley".

Finalmente la Diputada advirtió "esto no puede pasar desapercibido porque significa una nueva violación a la división de poderes, al sistema de justicia, que en los discursos es independiente, pero lamentablemente en la provincia no lo es" y concluyó “toda ley contraria a la Constitución es de ningún valor, como así lo dice el Art 7 de nuestra Constitución Provincial, y que ésta propuesta venga del STJ no lo excusa sino que al contrario lo agrava"