22 millones de personas reciben un plan social: "Impulsamos un proyecto para reconvertirlos"
El 45% de los argentinos está por debajo de la línea de pobreza, pero hay otro 20% que está al borde. En el mercado laboral, cerca del 40% son trabajadores informales.
Hay 141 tipos de planes sociales entre nacionales, provinciales y municipales, son 22 millones de personas que lo reciben. De 13 millones de asalariados, 9 millones son formales, entre privados y públicos; y 4 millones están en negro.
Luego están los cuentapropistas, que ascienden a más de 5 millones, entre los cuales hay quienes hacen sus aportes al Estado –monotributistas- y quiénes no.
La sindicalización que promueve el Gobierno de los trabajadores en negro no es más que consolidar la precarización del trabajo, aceptar que la pobreza llegó para quedarse y dejar de apostar a un plan que genere empleo.
La falta de creación de trabajo es un tema recurrente. Sólo un tercio de nuestra población en edad de trabajar tiene un trabajo estable. Nuestro crecimiento per cápita negativo y nuestro déficit fiscal crónico se originan en gran medida en esta precarización laboral. La asistencia social mitiga sus efectos sociales, pero no la resuelve.
Por su parte, Martín Maquieyra señaló “Hoy nuestro deber es acompañar a las Pymes y los comercios para que puedan salir adelante. Son muchos los que nos cuentan que no encuentran gente para contratar. Por eso debemos insertar en la sociedad a aquellas personas que reciben planes sociales para que puedan acceder a los empleos formales y así las Pymes puedan volver a contratar”
“Uno de los grandes desafíos que debemos abordar, es trabajar entre todas las fuerzas políticas, que los beneficiarios de los planes sociales, puedan incorporarse al mercado formal, y que el miedo y la incertidumbre de perder esos beneficios, atente contra la posibilidad de que puedan pasar a un empleo formal”, señaló Daniel Kroneberger.
Es una política de Estado que debe ser atendida por todos los espacios políticas, por la sencilla razón de que se necesita un gran consenso en la materia, y además los gobiernos de distintos signos políticos, no pueden encontrar una solución a éste flagelo.
“El miedo a perder ese beneficio social, sumado a que hay un arraigo cultural muy potente, en mantener ese status quo, atentan contra muchas políticas públicas que se intentan en éste sentido”, concluyó Daniel Kroneberger.