Entre ellas se destaca la solicitud de mantener la facultad del Estado nacional de asignar en forma directa frecuencias a organismos, entidades y empresas estatales e incluir además a las de carácter provincial.

El reglamento de gestión, control y administración del espectro radioeléctrico fue aprobado en el año 2000 por lo que, para el Estado nacional, es necesario actualizarlo en función de la evolución de las tecnologías de las comunicaciones y de las demandas de usuarias y usuarios. En el camino hacia la adopción de la tecnología 5G en las comunicaciones móviles, nación realizó la Consulta Pública sobre ideas y propuestas para la puesta al día de la normativa.

Al respecto el presidente de EMPATEL, Andrés Zulueta, sostuvo a la Agencia Provincial de Noticias que “celebramos la consulta impulsada por la Secretaría de Innovación Pública de la Jefatura de Gabinetes de la Nación. Es importante que todos podamos tener participación y que la construcción de la normativa pueda democratizarse lo máximo posible. En este sentido es importante reconocer problemas y tratar de aportar soluciones desde el lugar y la visión que le corresponde a cada uno”.

El documento con las propuestas de EMPATEL, una presentación de doce hojas, describe cada una de las mismas y justifica sus razones. Respecto a la posibilidad de que se asignen frecuencias en forma directa para entes nacionales y provinciales, Zulueta explicó: “para nosotros este es uno de los puntos centrales. El Estado tiene que reservarse una cuota de las frecuencias para no quedarse atado de manos si los operadores no realizan las inversiones a las cuales se comprometen”.

“También es necesario que las provincias tengan la posibilidad de participar. Es un reclamo que alguna vez se discutió cuando el Gobierno de (Mauricio) Macri quiso aprobar la ley corta de telecomunicaciones para entregar las frecuencias de ARSAT a grupos empresarios. Nuestra Provincia siempre tuvo una visión permanente sobre este asunto, hay que recordar además que Sergio Ziliotto fue uno de los actores claves para frenar esa ley que era tan perjudicial”, indicó Zulueta.

EMPATEL también solicitó que se reserven frecuencias de 700 mhz para ser destinadas a las SAPEM provinciales con la finalidad de asegurar la mejor conectividad de las zonas rurales. “De esta manera, zonas y usuarios hoy carentes de todo tipo de conectividad podrán recibir comunicaciones a través de un modelo de complementariedad consensuado y sinérgico entre las redes rurales y semirurales que desarrolle la Provincia y las redes de los actuales prestadores móviles.”.

En el mismo documento, se propone que se avance hacia la complementariedad de uso de frecuencias entre operadores provinciales y operadores móviles. Esto podría ser posible regulando y promoviendo la celebración de acuerdos de compartición y complementariedad que permitirá que empresas provinciales, usando recursos propios o asignados por el servicio universal, alcancen nuevas zonas y localidades con conectividad móvil 4G.

Por último, EMPATEL también pidió que se establezca un mecanismo de compartición de información y planificación conjunta entre autoridades nacionales y provinciales, además de la publicación y asignación real de todas las frecuencias. En la misma línea dos de las propuestas se abocan a determinar el nivel de subocupación de frecuencias asignadas en localidades pequeñas y en zonas rurales y complementar el uso de frecuencias entre operadores provinciales y operadores móviles. “Los operadores nacionales tienen asignadas frecuencias que usan intensamente en zonas de alta y media densidad demográfica. Esas mismas frecuencias, en zonas rurales o semirurales (poblaciones de menos de 2.000 habitantes, según el Indec), quedan en su mayoría vacantes. EMPATEL y los prestadores provinciales podrán conocer las zonas de baja demanda para proponer acuerdos para compartir y usar frecuencias en beneficio de la población pampeana”, indicó el documento.

Zulueta destacó que “desde nuestra mirada gran parte de la normativa tiene que estar dirigida a incluir a todas y todos los argentinos. Junto al gobernador Sergio Ziliotto y al ministro de Conectividad y Modernización, Antonio Curciarello, defendemos la declaración de la telefonía móvil como servicio público. El gran desafío de la llegada del 5G será cómo hacer para que no sea un servicio que se quede dentro de la (Avenida) General Paz o de las cuatro áreas metropolitanas más grandes y llegue a todo el país. Buena parte de nuestras propuestas se enfocan en eso”.