El juez federal Sebastián Casanello rechazó el pedido de Cristina Kirchner para ser sobreseída en el tramo de la denominada "Ruta del dinero K" donde se encuentra imputada.

El magistrado entendió que aún hay medidas de prueba en curso, que la investigación no está agotada y que por lo tanto se debe seguir analizando el rol de la ex Presidenta en las operaciones de lavado de dinero de Lázaro Báez, su ex socio comercial.

Cristina Kirchner buscó quedar desligada de la causa que le valió a Lázaro Báez una condena de doce años de prisión. Se lo acusó de haber lavado 55 millones de dólares entre 2010 y 2013. Su pedido de sobreseimiento fue sostenido por la Unidad de Información Financiera (UIF) y la AFIP, ambas querellantes en el caso.

Después de la opinión del fiscal Guillermo Marijuan, que se opuso a cerrar la investigación, el juez Casanello en la resolución a la que accedió Clarín sostuvo: "No considero correcto, como director del proceso penal, mutilar vías de investigación abiertas. Si en su momento se consideraron útiles y pertinentes, no hay una razón válida para revisar hoy -por el mero paso del tiempo- ese criterio. Por eso, insistiré y esperaré sus resultados", indicó.

Así, el magistrado sostuvo que la investigación no está agotada y que en consecuencia, la vicepresidenta debe continuar bajo investigación.

En esta causa, Cristina fue indagada el 18 de septiembre de 2018. Cuando pidió que sea citada a declarar, Marijuan sostuvo que durante la investigación se comprobó que "mantenía un vínculo con su consorte de causa" lo que permitía "afirmar su participación en las acciones de lavado por las que el nombrado Báez y otros imputados ya habían sido indagados".

En dicha ocasión, la vicepresidenta declaró y también sumó un escrito, en el que señaló "no haber tenido participación alguna en los hechos que le fueran imputados".

En noviembre de 2018, el juez Sebastián Casanello resolvió que no existía mérito suficiente como para procesar o sobreseer a Cristina, y dispuso diversas medidas de prueba, "cuyos resultados parciales se fueron incorporando en autos", explicó Marijuan en su dictamen.

Tres años después, el Tribunal Oral Federal 4 condenó a Lázaro Báez a 12 años de prisión por lavar 55 millones de dólares entre 2010 y 2013. En ese expediente está imputada Cristina Kirchner, pero con una falta de mérito. La Cámara federal pidió al juez que resuelva la situación procesal.

La fiscalía insistió esta semana en que era "necesario, a los fines de completar el cuadro probatorio que permita determinar el efectivo rol que le cupo a la imputada en los hechos investigados, la realización" de un conjunto de pruebas. Marijuan señaló que era "prematuro" cerrar el caso y que "deben agotarse las líneas de investigación".

Las pruebas que se encuentran bajo análisis -y que la defensa pidió que no continúen- refieren a declaraciones testimoniales de los empleados y gerentes del Banco de Santa Cruz, que trabajaron con Lázaro Báez. Además, llamadas de teléfonos de cercanos a Cristina Kirchner y personas del Grupo Báez. Es por eso que la Justicia busca probar si existía una relación entre Báez y Cristina, que fue negada por ambos.

Este mismo criterio fue adoptado por el juez Casanello quien indicó que en cuanto a la extensión de las medidas que incluyen un entrecruzamiento de llamados, entre otras cosas, "resulta importante reunir la información necesaria sin desnaturalizarlas. En ese sentido, respecto del entrecruzamiento telefónico, el fiscal ha solicitado -siguiendo las indicaciones del organismo especializado- profundizar la indagación sobre los teléfonos de los colaboradores directos, circunscribiendo un límite de tiempo -octubre de 2010 a abril de 2013-, lo que no luce irrazonable".

La defensa de Cristina Kirchner había pedido que no se continúe con esta prueba.  La D.A.Ju.De.C.O. "deberá encarar dicho trabajo con la mayor premura posible para no incurrir en demoras que atenten contra el derecho de las partes", expresó el magistrado.

Por otro lado, se refirió al proceso de colaboración entre países, un circuito que fue revelador en este expediente en particular tras la información aportada por Suiza. Sobre este punto, Casanello dijo que "se está requiriendo información adicional, su relevancia no es menor, pues hace al conocimiento o desconocimiento que Cristina Fernández de Kirchner podía tener respecto de las operaciones de lavado atribuidas a Lázaro Báez y su entorno".

Lázaro Báez fue condenado por lavar 55 millones de dólares entre 2010 y 2013 -agravado por la habitualidad-, y utilizando su firma insignia: Austral Construcciones. La constructora, fue beneficiada con sendos contratos viales "cargados de irregularidades y con sobreprecios promedio del 65% ". Para de esos fondos que revisten carácter de ilegal, según la acusación, fueron volcados a las maniobras de blanqueo determinó el Tribunal que juzgó al empresario K.

Ese mismo Tribunal, convalidó los dichos de Leonardo Fariña quien indicó:  “… me llama Lázaro que vaya a Carabelas, voy a Carabelas, me atiende sólo y me dice que había venido de hablar con la jefa, que es Cristina Kirchner y que le había preguntado si él estaba sacando dinero al exterior porque desde la Embajada de Estados Unidos le habían comunicado eso. A lo cual, él me dice que le responde que de ninguna manera, pero me dice que seamos más prudentes con los movimientos” (el resaltado es nuestro). Este relato condujo al juzgado a interpretar que Lázaro Báez actuaba a espaldas de Fernández de Kirchner (“le responde que de ninguna manera…” estaba sacando dinero al exterior)"

No corresponde, con estas líneas de investigación abiertas, "interrumpir el recorrido de la pesquisa: no sólo debido a que se encuentran en curso medidas de prueba que yo mismo ordené sino porque sigo considerándolas útiles y pertinentes para conocer la verdad y cumplir con los fines del proceso penal", determinó Casanello.

La defensa había planteado la cantidad de tiempo que Cristina Kirchner lleva imputada y con una falta de mérito sin que se resuelva su caso, en ese punto, el juez dijo que "la cantidad de hechos investigados y su enorme complejidad torna proporcional la producción probatoria ordenada y, en consecuencia, compatible con la duración del proceso, hasta el momento".