Allanan la sede central de Camioneros: es por el bloqueo a una empresa en San Nicolás
Se trata de la distribuidora de alimentos Rey, originaria de San Pedro. El dueño de la compañía cobró notoriedad cuando denunció entre lágrimas que el sindicato le pedía coimas para levantar la protesta en su fábrica.
Durante la tarde del lunes, la jueza de San Nicolás, María Eugenia Maiztegui, ordenó un allanamiento en la sede central del sindicato de Camioneros, conducido por la familia Moyano. Es por la causa del bloqueo a la distribuidora de alimentos Rey durante cuatro días en septiembre del 2021 y por el que hay dos sindicalistas detenidos por extorsión.
El caso cobró mucha notoriedad pública porque el dueño de la empresa, Ricardo Rey, denunció el bloqueo entre lágrimas. “No quiero más esta gente acá”, había dicho entonces.
Rey luego formalizó una denuncia que recayó en la Fiscalía N°7 de San Pedro cargo de la doctora María del Valle Viviani. Allí indicó que representantes del sindicato de Camioneros comenzaron una asamblea sin previo aviso con los empleados que están afiliados. Los denunciados fueron Maximiliano Cabaleyro, delegado regional y secretario general de la CGT San Pedro-Baradero, y Fernando Espíndola, también miembro de Camioneros.
“Venimos sufriendo la extorsión de esta gente, con repetidas asambleas, sin previo aviso. Quieren que volvamos a ceder, que sigamos pagando. Todo empezó cuando no accedimos a entregarle más dinero al sindicato. Al desistir de ellos comenzaron a bloquearnos la salida de los camiones”, le había asegurado a TN Gustavo Rey, uno de los hijos de Ricardo.
A raíz de ello, fueron detenidos Cabaleyro, que además es concejal del Frente de Todos en San Nicolás, y Espíndola, por los delitos de “turbación de la posesión” y “extorsión”.
El allanamiento de esta tarde se produjo porque, durante la mediación judicial entre Rey y Camioneros, salió a la luz una supuesta deuda de aportes patronales que debería la empresa al sindicato. Sin embargo, todo parece indicar que es una deuda inventada por Camioneros. Si con la evidencia recogida en el allanamiento se confirma que es un invento, a los responsables podría caberle el delito de extorsión que prevé 10 años de prisión.
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