A seis meses del infanticidio de Lucio, La Pampa implementará la Línea 102
A seis meses del infanticidio de Lucio, La Pampa implementará la Línea 102. "Se firmó el acta-acuerdo y la idea es ponerla en marcha a partir del 1 de julio, estamos capacitando al equipo", señaló el Ministro de Desarrollo Social Diego Alvarez en diálogo con Radios Pampeanas.
"Un vecino, docente o un médico que detecten un caso de niñez o infancia con sus derechos vulnerados, situaciones de violencia o abandono o tengan dudas, se puede llamar en forma anónima y se les brindará asesoramiento", dijo Gabriel Lerner, Secretario Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia.
En la primera etapa, y hasta que la provincia pueda tener una central, al llamar al 102 la llamada irá a Buenos Aires y de allí la derivarán a La Pampa donde la recepcionarán los equipos locales, explicaron.
"La línea 102 es la línea que más llamadas recibe por sobre cualquier otra línea de ayuda gratuita", señaló Gisela Clivaggi, Directora Nacional de Gestión y Desarrollo.
"Entre el 2020 y el 2021 se recibieron más del 96 mil llamadas". El funcionario reconoció que por el Caso Lucio se incrementó. Cabe recordar que era la única provincia que no contaba con este servicio.
¿Que es la Linea 102?
Es un servicio gratuito y confidencial, de atención especializada sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes. Se puede utilizar ante una situación de amenaza o vulneración de derechos o si necesitan asesoramiento. La Senaf, es el organismo del Estado nacional que tiene a su cargo la coordinación de esa herramienta y política pública.
De modo gratuito y confidencial, la Línea 102 se propone escuchar y contener. Su objetivo central es brindar información y orientación ante casos de riesgo o vulneración de derechos, en articulación con todos los organismos del Sistema de Protección Integral de Derechos.
Además de a niñas, niños y adolescentes, La Línea 102 está disponible para atender inquietudes y denuncias -siempre relacionadas a las infancias- de familiares, allegados y otros adultos referentes (docentes, vecinos, organismos oficiales y organizaciones de la sociedad civil), y cualquier otra persona que tenga conocimiento o sospecha sobre una situación de vulneración de derechos.
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