La Justicia Federal investiga la vulneración de 24 declaraciones juradas secretas que se encontraban en sobres lacrados y que corresponden a jueces federales de todo el país, entre estos, los tres que investigan a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Tanto los investigadores como en el Poder Judicial entienden que su contenido fue fotografiado por desconocidos que irrumpieron en un despacho oficial del Consejo de la Magistratura.

La investigación judicial está en manos del juez federal Daniel Rafecas y del fiscal Ramiro González. Entra los documentos vulnerados se encuentran las de magistrados federales y de consejeros, pero no de los supremos de la Corte. Rafecas informará este viernes a cada uno de los jueces afectados por la violación de este secreto. 

Estas declaraciones contienen información sobre las cuentas bancarias de los magistrados, gastos en tarjetas de crédito, inversiones y hasta información sobre sus hijos.

Entre los jueces afectados, figuran Rodrigo Giménez Uriburu, Andrés Basso y Jorge Gorini, quienes integran el Tribunal Oral Federal 2 que juzga a Cristina Fernández de Kichner en la causa de Vialidad Nacional, donde la vicepresidenta es señalada como líder de una asociación ilícita. 

También vulneraron los sobres con documentación de los jueces de la Cámara Federal de Casación Penal Gustavo Hornos, Diego Barroetaveña y Guillermo Yacobucci. Y el que contiene información sobre el juez Ariel Lijo. Idéntica situación sobre el sobre correspondiente a Agustina Díaz Cordero, la representante de los magistrados en el Consejo de la Magistratura.

Por su parte, el presidente del máximo tribunal, Horacio Rosatti, que también preside el Consejo de la Magistratura, ordenó una resolución en la tarde de este jueves para que el cuerpo de auditores del Poder Judicial realice un sumario interno que determine responsabilidades.

La irrupción fue descubierta por la responsable de esta oficina, María Victoria Pérez Bayonzo, el martes 21 de junio a las 8.28, tras el feriado por el Día de la Bandera. La puerta de ingreso a la cocina "se encontraba abierta, sin llave y arrimada", sostuvo la resolución de Rosatti. A su vez, la funcionario observó que la cerradura del medio estaba "trabada" y la cerradura superior sólo tenía una vuelta de llave, cuando debería tener dos. En el interior, uno de los cajones del escritorio tenía cosas fuera de lugar. 

A su vez, se determinó que las cámaras de seguridad no funcionaron, por lo que no hay registro en video entre el 16 y el 22 de junio. E incluso una empleada a cargo del área recibió mensajes intimidatorios luego del hecho. 

Tras el incidente, se constató que 33 declaraciones juradas no estaban en su lugar y, de éstas, 24 se encontraban abiertas y otras 9, fueron manipuladas.