El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) tiene la intención de cortar las asignaciones familiares correspondientes a 11.500 niños y adolescentes que no están concurriendo a clases, informó El País.

Se trata de la segunda vez que se toma una medida de este tipo durante el gobierno de Luis Lacalle Pou, luego de que en octubre de 2021 se quitaran 9.000 asignaciones. Los cortes se hacían desde el gobierno de Mujica, pero durante la emergencia sanitaria dejaron de hacerse.

Los cortes de asignaciones

En 2013, el gobierno de José Mujica implementó el corte de asignaciones a todas las familias que no enviaran a sus hijos a estudiar, amparándose en el artículo 6 de la Ley Nº 18.227 que estipula la “inscripción y concurrencia del beneficiario a institutos de enseñanza” —además de tener una debida atención médica— como un requisito para el otorgamiento y mantenimiento de la prestación.

Los otros requisitos son que se presente ante el Banco de Previsión Social (BPS) la documentación correspondiente a los ingresos y composición del hogar del beneficiario, a los elementos que caracterizan el hogar como en situación de vulnerabilidad socioeconómica, y, en caso de tratarse de una persona con discapacidades, que esa discapacidad impida la realización de cualquier tipo de tarea remunerada.

En 2013, se dieron de baja 32.000 asignaciones; en 2014 fueron 51.000 y en 2015, cuando finalizó el mandato de Mujica y asumió el nuevo gobierno frenteamplista con Tabaré Vázquez a la cabeza, los cortes dejaron de hacerse luego de que la entonces ministra de Desarrollo Social, Mariana Arismendi, diera la orden.

La medida generó roces entre la ministra y el presidente. Arismendi, por su parte, entendía que la educación no era una contrapartida de la asignación; Vázquez, en tanto, no lo concebía de esa forma entonces firmó un decreto en 2015 que obligaba a retirar las prestaciones brindadas a las familias que no enviaban a sus hijos a centros educativos. Los cortes estaban estipulados dos veces al año: uno en julio para aquellos que no se matricularon y otro en diciembre para los que se anotaron, pero no concurrieron o dejaron de concurrir.

El primer corte luego del decreto retiró las asignaciones dirigidas a 16.000 jóvenes. Sin embargo, el segundo corte previsto para ese año no pudo ser realizado por errores en la gestión. Los siguientes años continuaron de manera similar: 29.000 bajas en los dos cortes de 2017, 12.607 en el único corte realizado en 2018 y 9.732 en el primero de 2019. Sobre el segundo no hay información disponible.

Durante la parte más crítica de la emergencia sanitaria se dejó sin efecto la medida decretada en 2015 por el fallecido ex presidente Vázquez. Así fue hasta mediados de 2021, pero ya el segundo corte de ese año se realizó con normalidad, quitando 9.000 asignaciones. Este mes se cortarán 11.500 asignaciones, según informó el director nacional de Transferencias y Análisis de Datos del Mides, Antonio Manzi, a El País.

En Uruguay hay 203.000 casas en situación de vulnerabilidad socioeconómica que reciben Asignaciones Familiares del Plan de Equidad y que están compuestas por 370.000 menores de edad. En este plan existe el requisito de asistir a clases para poder recibir la prestación.

Sin embargo, también hay unos 87.000 hogares conformados por 200.000 menores que por estar en situación de vulnerabilidad económica extrema reciben la Tarjeta Uruguay Social (TUS). En este plan no está la condición de que vayan a estudiar.