Desde la mesa provincial del radicalismo expresaron "Las mismas constituyen un claro avasallamiento a la división de poderes y a las facultades y limitaciones que le imponen la Constitución Nacional, por la cual ha jurado al momento de asumir el cargo que desempeña".
 
Además rechazaron las manifestaciones públicas de otros funcionarios nacionales, provinciales y municipales que, en el mismo sentido, "desconocen el orden jurídico, la plena vigencia de las instituciones y el estado de derecho".
 
"Vemos con honda preocupación las amenazas violentas y las convocatorias sediciosas proferidas por dirigentes políticos y sociales del Frente de Todos, que atentan contra la concordia y la paz social, ya suficientemente endebles por la gravedad de la realidad social y económica que vive la Argentina" indicaron desde el partido que conduce el ex intendente de Parera,  Diego Marcantonio.
 
Aseguraron que "Los procesos seguidos contra la Vicepresidenta en ejercicio, en particular aquel en que se solicitó su condena, constituyen ni más ni menos que el funcionamiento del sistema judicial en que la imputada goza –como todos los habitantes de la Nación- de todos los derechos y garantías del debido proceso, así como en su momento dispondrá contra la sentencia que se dicte, de todas las vías recursivas que le suministran el ordenamiento jurídico interno y los tratados internacionales".
 
Finalmente sentenciaron "La plena vigencia del estado de derecho y el funcionamiento de las instituciones, de ningún modo pueden ser considerados actos de persecución política o atentados al sistema democrático. Sí lo son la incitación a su desconocimiento y vulneración".