La demanda laboral fue presentada ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Laboral Nº 2 de la Segunda Circunscripción Judicial, con asiento en General Pico, pero desde ese estamento judicial resolvieron enviar las actuaciones al STJ por razones de competencia. Luego de pedir la opinión de la Procuración General -que opinó que correspondía que el caso fuera tratado por el STJ–, el máximo tribunal provincial resolvió que era competente para fallar sobre la demanda y le solicitó a Tapia que adecuara su presentación a los términos del trámite contencioso administrativo.

Tapia reclama el pago de 582.773,64 pesos más intereses y con costas, en concepto de rubros laborales adeudados (indemnización sustitutiva de preaviso, indemnización por antigüedad, SAC -aguinaldo-, vacaciones no gozadas, indemnización del artículo 1 y 2 de la Ley 25.323, entre otros).

En su demanda, relató que los rubros reclamados derivan de la relación laboral de dependencia que mantuvo con la Municipalidad de Realicó realizando tareas como chofer de camión recolector de residuos, desde el 1 de diciembre de 2015 hasta el 3 de octubre de 2017 y luego, a partir del 4 de noviembre de 2019, como chofer de camión de residuos y de camión regador hasta el 30 de julio de 2021, fecha en la cual, luego de reiterados reclamos de regularización del vínculo laboral y por el desconocimiento de la relación por parte de la demandada, se consideró despedido sin justa causa.

“De los hechos expuestos en la demanda del señor Tapia se desprende que los rubros indemnizatorios y las obligaciones laborales reclamadas derivan de la relación de empleo que mantuvo con la demandada”, consideró el STJ. La decisión del organismo fue declarar su competencia para entender en el litigio e imponer el trámite establecido por el Código Procesal Contencioso Administrativo.