El gobierno de Mendoza acudió a la Corte Suprema de Justicia para intentar revocar tres resoluciones que rubricó el Instituto Nacional de Asuntos indígenas (INAI) a través de las cuales otorga más de 24.000 hectáreas a comunidades que se autoproclaman mapuches.

La presentación fue antecedida por otros recursos administrativos que no fueron contestados por el organismo nacional, lo que motivó elevar el reclamo al máximo tribunal judicial del país. “Vimos agotadas las alternativas a través de los canales administrativos, ahora vamos por la vía Judicial para frenar esta cesión irregular”, dijeron fuentes gubernamentales de la provincia cuyana.

El objetivo de la medida es revertir los alcances de las resoluciones 36, 42 y 47 de 2023 del INAI, emitidas en enero de este año, las cuales otorgan tierras públicas a tres comunidades mapuches, dos de las cuales aún no son reconocidas como tales por el mismo organismo que las beneficia.

El parlamento mendocino expresó su preocupación por los alcances de las normas debido a que el gobierno local fue excluido de la discusión previa a su rúbrica, como así también municipios cercanos a los territorios y privados.

Se trata de las autodenominadas lof El Sosneado, lof Suyai Levfu y lof Limay Kurref, cuya preexistencia en la provincia está en el foco de distintos referentes políticos mendocinos e incluso de gran parte de la población que expresó su rechazo a la cesión. Ni la primera ni la última contaban con personería jurídica cuando el organismo firmó las resoluciones.

El ministro de Gobierno de Mendoza, Víctor Ibañez, aseguró que se presentó “un pedido de nulidad e inconstitucionalidad de las ilegítimas Resoluciones vinculadas con pretendidas comunidades mapuches” y mencionó además la falta de respuesta del organismo a otros recursos presentados.

El funcionario cree que el silencio del organismo se atribuye a que no tiene argumentos sólidos para responder, debido a que los mismos “habrían sido incluidos en las resoluciones” e incluso se podrían haber rechazado los recursos del gobierno. Sin embargo el INAI optó por ignorar los planteos.

“Como se han mantenido inmóviles, y se vencieron los plazos, corresponde que se active la parte judicial” aseguró el funcionario, quien fue crítico además del relevamiento que realizó el organismo nacional, en el marco de la aplicación de la ley 26.160, en la zona sur de la provincia.

En ese sentido aseguró que “el trabajo de relevamiento que hizo el INAI en Mendoza se hizo en base de una ley nacional de emergencia, vencida, cuya prórroga se hizo por un decreto de necesidad y urgencia del presidente Alberto Fernández. Esto hace que la ley usada para hacer lo que hicieron es inconstitucional”.

De manera símil se expresó la legislatura provincial que repudió el DNU del Gobierno Nacional a través del cual se prorrogó la Ley 26.160, de emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país con personería jurídica inscripta en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas, ya que “se encuentra viciado de nulidad y fue dictado en contra de la división de poderes”.

Añadió que “aun cuando esa ley fuese constitucional, sólo habilita al INAI a relevar las comunidades y establece una serie de requisitos: que esas comunidades tengan personalidad jurídica y que haya una participación efectiva de la provincia en ese relevamiento”.

En el sur, la situación es similar, ya que el gobierno busca beneficiar con tierras a un grupo violento cuyos integrantes están registrados en una comunidad distinta a la que ahora conformaron ahora y cuya preexistencia en la zona – Villa Mascardi – carece de sustento y acreditación.

El relevamiento en Mendoza, aseguran fuentes gubernamentales, “fue improvisado, sin aval técnico ni la participación del gobierno local, como debe ser”.

“No está acreditada la preexistencia de mapuches en el sur de Mendoza, sólo hay intereses vinculados a activos con pozos de petróleo crudo no convencional que forman parte de la formación Vaca Muerta y que casualmente, parte de la cesión del INAI abarca esos sitios estratégicos” dijeron desde el gobierno, y opinaron: “es un negocio, no un acto de reconocimiento cultural, como tratan de plantearlo”.