Nacionales Por: INFOtec 4.013 de diciembre de 2024

El Gobierno insiste en controlar los presupuestos universitarios

El Ministerio de Capital Humano junto con el Ministerio de Desregulación emitió cuatro DNU que buscan modificar la normativa sobre compras, contrataciones y transparencia en el presupuesto en universidades públicas.

El conflicto entre el Gobierno Nacional y las universidades, encabezado por la UBA, escaló a la Justicia, pero no detuvo el avance de medidas oficiales destinadas a garantizar la transparencia en el manejo de los fondos públicos. Mediante cuatro decretos de necesidad y urgencia (DNU), el Ministerio de Capital Humano y el Ministerio de Desregulación establecieron cambios significativos en la normativa de compras, contrataciones y administración financiera de las universidades públicas.

Las disposiciones exigen la adopción obligatoria de sistemas electrónicos como COMPR.AR, CONTRAT.AR y el Sistema Integrado de Información Financiera (e-SIDIF), con el objetivo de digitalizar y unificar los procesos administrativos. Según Alejandro Álvarez, subsecretario de Educación, “unas 35 universidades ya utilizan estos sistemas, pero es necesario que el 100% se incorpore para garantizar transparencia y rendición de cuentas”.

Una de las medidas más controvertidas elimina la posibilidad de realizar contrataciones directas entre organismos públicos y universidades, salvo que estas acrediten ser el único proveedor disponible. Maximiliano Fariña, secretario de Transformación del Estado, justificó la decisión señalando que “solo entre 2022 y 2023 se firmaron más de 2.000 convenios con universidades, muchos de los cuales evadían controles y financiaban políticas ajenas a su propósito”.

Desde el Gobierno aseguran que estas medidas no vulneran la autonomía universitaria, sino que buscan que las universidades se ajusten a las mismas normativas de transparencia que el resto de los organismos públicos. “Los fondos son de la Administración Pública, y deben cumplir con la Ley de Administración Financiera”, enfatizó Fariña.

La implementación será gradual y estará supervisada por distintos organismos, entre ellos la Secretaría de Hacienda y la Oficina Nacional de Contrataciones. En caso de resistencia por parte de las universidades, los funcionarios recordaron que la Ley 24.156 de Administración Financiera incluye explícitamente a estas instituciones dentro de su alcance.

El Gobierno reitera que su intención es garantizar un uso transparente de los recursos públicos y terminar con privilegios que consideran irrazonables. “No podemos tener organismos de primera y de segunda”, concluyó Fariña.

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