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El conflicto entre el Gobierno Nacional y las universidades, encabezado por la UBA, escaló a la Justicia, pero no detuvo el avance de medidas oficiales destinadas a garantizar la transparencia en el manejo de los fondos públicos. Mediante cuatro decretos de necesidad y urgencia (DNU), el Ministerio de Capital Humano y el Ministerio de Desregulación establecieron cambios significativos en la normativa de compras, contrataciones y administración financiera de las universidades públicas.
Las disposiciones exigen la adopción obligatoria de sistemas electrónicos como COMPR.AR, CONTRAT.AR y el Sistema Integrado de Información Financiera (e-SIDIF), con el objetivo de digitalizar y unificar los procesos administrativos. Según Alejandro Álvarez, subsecretario de Educación, “unas 35 universidades ya utilizan estos sistemas, pero es necesario que el 100% se incorpore para garantizar transparencia y rendición de cuentas”.
Una de las medidas más controvertidas elimina la posibilidad de realizar contrataciones directas entre organismos públicos y universidades, salvo que estas acrediten ser el único proveedor disponible. Maximiliano Fariña, secretario de Transformación del Estado, justificó la decisión señalando que “solo entre 2022 y 2023 se firmaron más de 2.000 convenios con universidades, muchos de los cuales evadían controles y financiaban políticas ajenas a su propósito”.
Desde el Gobierno aseguran que estas medidas no vulneran la autonomía universitaria, sino que buscan que las universidades se ajusten a las mismas normativas de transparencia que el resto de los organismos públicos. “Los fondos son de la Administración Pública, y deben cumplir con la Ley de Administración Financiera”, enfatizó Fariña.
La implementación será gradual y estará supervisada por distintos organismos, entre ellos la Secretaría de Hacienda y la Oficina Nacional de Contrataciones. En caso de resistencia por parte de las universidades, los funcionarios recordaron que la Ley 24.156 de Administración Financiera incluye explícitamente a estas instituciones dentro de su alcance.
El Gobierno reitera que su intención es garantizar un uso transparente de los recursos públicos y terminar con privilegios que consideran irrazonables. “No podemos tener organismos de primera y de segunda”, concluyó Fariña.
