Piden investigar judicialmente a Alberto por el caso Solange Musse
RIO CUARTO | El fallo, que ratificó una decisión de primera instancia, también confirmó que se investigará la posible responsabilidad del entonces presidente de la Nación, Alberto Fernández, por las medidas que limitaron el desplazamiento de personas. Solange Musse, originaria de Neuquén, residía en Alta Gracia, Córdoba, mientras recibía tratamiento contra el cáncer. En su último momento, su padre no pudo cruzar el límite provincial de La Pampa hacia Córdoba para acompañarla en sus últimos días.
Los imputados en el caso son Eduardo Andrada y Analía Morales, empleados del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) de Huinca Renancó, quienes, según la acusación, habrían sido responsables de las decisiones que impidieron el paso de Pablo Musse hacia la ciudad donde su hija agonizaba. El juez de Control de Huinca Renancó, Claudio Mazuqui, confirmó la elevación del caso a juicio, una decisión que podría implicar la apertura de una nueva causa judicial en contra de Alberto Fernández por sus actuaciones durante las restricciones sanitarias.
Pablo Musse expresó su satisfacción con que el caso haya llegado a juicio, pero criticó que solo dos personas de responsabilidades menores fueran imputadas. En declaraciones al programa "Es un Montón" de Radio Río Cuarto, señaló que la justicia debe llegar también a las máximas autoridades sanitarias de la provincia de Córdoba, que en 2020 tomaron las decisiones que afectaron su derecho de estar con su hija en su último adiós.
Musse también manifestó su sorpresa ante la elevación de la causa a juicio, dado que el juez Mazuqui había declarado anteriormente falta de mérito en el expediente. Sin embargo, afirmó estar dispuesto a llevar el caso hasta las máximas instancias de la justicia internacional para obtener justicia por el sufrimiento que él y su hija vivieron durante la pandemia.
Este caso resalta el impacto humano de las medidas sanitarias impuestas durante la emergencia sanitaria y pone en evidencia las tensiones entre la política de salud pública y los derechos fundamentales de las personas. La investigación y el juicio a los imputados marcarán un precedente clave en este debate.