Menos intervención del Estado nacional en temas habitacionales
En el marco del proceso de reestructuración del Estado, el Gobierno Nacional ha disuelto, mediante el Decreto 70/2025, la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda, reafirmando la convicción de que la política de vivienda debe ser gestionada principalmente por las provincias, los municipios y el sector privado.
NACIONALES | La decisión responde a las reiteradas críticas sobre el mal uso de los recursos, la falta de controles y los pobres resultados que se habían registrado a través de tres fondos fiduciarios que operaban en la ex Secretaría de Vivienda. Entre ellos se encuentra el Fondo Fiduciario Público del Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (PROCREAR), cuyo proceso de liquidación fue iniciado en 2024 mediante el Decreto 1018/2024, tras detectarse demoras en la entrega de viviendas y deficiencias en las condiciones de habitabilidad.
Asimismo, el Fondo Fiduciario para la Vivienda Social fue cerrado a través del Decreto 6/2025, tras evidenciarse irregularidades y usos con finalidades políticas y clientelistas. En la misma línea, se encuentra en trámite la disolución del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU).
La norma publicada en el Boletín Oficial también establece el traspaso de la Subsecretaría de Integración Socio Urbana, a cargo de Sebastián Pareja, y de la Dirección Nacional de Arquitectura, a la órbita de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Economía. El cierre de la Secretaría se llevará a cabo de forma ordenada y progresiva a través de una Unidad Ejecutora Especial Temporaria (UEET) que garantizará la adecuada transición de responsabilidades.
La Casa Rosada enuncia que “el Gobierno Nacional está cambiando el modelo de la corrupción de sueños compartidos por el modelo del crédito privado y la libertad”, subrayando una apuesta por descentralizar la política de vivienda y fomentar la inversión privada y local en el sector. Con esta medida, se busca impulsar obras de infraestructura en vivienda de manera más transparente y eficiente, dejando de lado la intervención directa del Estado Nacional.
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