Fue a un centro de salud, amenazó con matar al personal y terminó condenado
El hombre ingresó al centro de salud de Zona Norte, en Santa Rosa, pidiendo una vianda para su hija. Cuando le explicaron que allí no las entregaban, pero que iban a gestionarle la entrega, se alteró, “profirió amenazas intimidatorias contra el personal”, dijo que tenía un arma y que “los iba a matar” y hasta hizo el “ademán de llevar la mano a la cintura”. Ante la intervención del personal policial, se resistió a retirarse del lugar y terminó detenido.
Esa situación tensa se extendió durante 30 o 40 minutos y, de acuerdo a los testigos, el agresor aseguró que les robaría y que “los iba a agarrar afuera, les daría un fierrazo y quemaría el centro de salud”. Además, al amenazar de muerte a los presentes, expresó que se acordarían de su cara y que “tenían que elegir si las dejaba ensueradas (sic) en el hospital o las mataba”; acotando que ya había estado preso y que había asesinado.
Eso ocurrió el pasado 27 de diciembre al mediodía. Diez días después, también a plena luz del día, interceptó en Junco y Donatti a un expolicía, lo amenazó verbalmente diciéndole “milico ortiva… te voy a reventar la cabeza” y, “en actitud agresiva”, extrajo dos destornilladores de su mochila. La víctima lo persiguió y terminó siendo aprehendido a una cuadra. Quince minutos más tarde entró al Centro de Gestión Social Municipal –ubicado en Francia y Errecalde– junto con otra persona y profirió amenazas contra una mujer que había ingresado allí, realizando “ademanes intimidatorios con los destornilladores”.
El promotor de esos tres incidentes fue Gustavo Andrés Sidam, un jornalero de 51 años, al que la jueza de control, María Elena Grégoire, condenó hoy a un año de prisión de cumplimiento efectivo –manteniéndole la condición de reincidente– por ser autor de los delitos amenazas simples y amenazas calificadas (dos hechos).
Con ese fallo, la magistrada homologó un acuerdo de juicio abreviado que convinieron el fiscal Andrés Torino, la defensora oficial Alejandra Moyano y el propio imputado, quien aceptó su culpabilidad. En los abreviados, los jueces no pueden imponer penas más severas que las requeridas por la fiscalía. Sidam permanece detenido desde el 8 de marzo.
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