Caso Epifanio: imputan a un preso por el doble homicidio tras hallarse coincidencia genética
Este martes, en Santa Rosa, fue formalmente imputado Adrián Alejandro Sarandón, acusado del doble homicidio de Luis Epifanio y Graciela Torrent, ocurrido el 11 de julio de 2013. El sospechoso, actualmente detenido por abuso sexual en la Unidad Cuatro, se negó a declarar en la audiencia.
La imputación se sustenta en un dato que podría marcar un giro decisivo: el perfil genético de Sarandón coincide con el material hallado en la escena del crimen hace más de una década. El fiscal general Guillermo Sancho sostuvo que este avance “pone fin a un caso que parecía condenado a la impunidad” y recordó que, por la figura penal de doble homicidio doblemente agravado, la pena prevista es prisión perpetua.
El valor de la genética forense
La identificación fue posible gracias a la actualización de la base de datos genética del Ministerio Público Fiscal de La Pampa, creada por ley en 2018. En 2013, cuando se levantaron las pruebas biológicas, no existía aún un sistema que permitiera el cotejo.
Fue un trabajo de rutina de la genetista Cecilia Bovillo, directora del laboratorio, el que permitió incorporar los perfiles. El de Sarandón había ingresado en 2016, tras su condena por delitos contra la integridad sexual. Al ser cargado al sistema, arrojó un resultado positivo que lo vinculó directamente con el caso Epifanio.
El fiscal Sancho precisó que el ADN fue recuperado de una colilla de cigarrillo y el teléfono celular del matrimonio asesinado, y que ambos perfiles correspondían a la misma persona. “Sin esta base de datos, el hecho difícilmente se iba a reencaminar”, remarcó.
Una causa reabierta
Sancho aclaró que Sarandón nunca fue sospechoso durante la investigación original y que este avance, aunque fundamental, no significa que el caso esté totalmente esclarecido. “Estamos ante una nueva investigación prácticamente. Somos optimistas en que se podrá avanzar positivamente”, dijo.
De confirmarse su culpabilidad, Sarandón —que ya cumple una condena de 20 años por abuso sexual— podría recibir prisión perpetua, pena que se unificaría con la actual.
La causa está a cargo de la jueza María Elena Gregoire, mientras que la defensora oficial Paula Arrigone representa al imputado.
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