“El veto de Milei agrava la discriminación hacia las personas con discapacidad”
Sandra Fonseca, Diputada provincial y activista de larga trayectoria en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, señaló que esa condición ha sido una temática prioritaria en las distintas gestiones donde Comunidad Organizada ha tenido representación. Fonseca, además de su compromiso institucional, se desempeña como docente especializada y fue una de las capacitadoras provinciales de la Ley Nacional 24.901, que establece el Sistema de Prestaciones Básicas en Habilitación y Rehabilitación Integral para personas con discapacidad.
La dirigente recordó que las personas con discapacidad han sido sistemáticamente invisibilizadas en varias instancias políticas. “Un claro ejemplo fue el último censo nacional, donde no fueron incluidas ni consideradas, pese a que quienes gobernaban se proclamaban progresistas y populares”, afirmó la legisladora, refiriéndose al gobierno nacional de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner.
En el ámbito local, recordó que durante la gestión del exintendente de Santa Rosa, Juan Carlos Tierno, se llevó a cabo un relevamiento casa por casa para identificar a las personas con discapacidad y sus familias. El objetivo fue no solo cuantificar su número sino comprender sus necesidades específicas, nivel educativo, apoyos requeridos y condiciones para la inclusión laboral, buscando así trabajar directamente desde el territorio.
Sobre la inclusión laboral, la diputada denunció que la ley provincial 2226, que establece la obligatoriedad de incorporar un porcentaje de personas con discapacidad en el sector público, no se cumple. “Se obliga a que seis personas con discapacidad ingresen al Estado, pero no se respetan los porcentajes adecuados, vulnerando derechos esenciales”, explicó.
Además, desde Comunidad Organizada cuestionaron la falta de escucha del Estado hacia este colectivo, tanto a nivel provincial como nacional, y señalaron que algunos prestadores de salud han estado implicados en casos de corrupción que afectan directamente a quienes necesitan estos servicios.
“Si Milei realmente quería combatir la corrupción en el ámbito de las personas con discapacidad, debería haber impulsado una auditoría integral sobre todos los prestadores y las pensiones que son utilizadas de manera corrupta, en lugar de vetar arbitrariamente una emergencia que beneficia a las personas con discapacidad y sus familias”, remarcó Fonseca.
Por último, el partido ratificó que la corrupción política y las estructuras de poder siguen discriminando sistemáticamente a las personas con discapacidad, perpetuando una exclusión que, a pesar de discursos públicos, continúa afectando a miles de argentinos.