Caso Solange Musse: Fiscalía pide prisión condicional para Andrada y Morales
Este lunes se conoció el alegato final en el juicio por la muerte de Solange Musse, la joven que falleció en Alta Gracia durante la pandemia de COVID-19 sin poder despedirse de su padre, Pablo Musse, oriundo de Neuquén. La causa puso bajo la lupa a dos funcionarios del COE de Córdoba, acusados de abuso de autoridad e incumplimiento de sus deberes como servidores públicos.
RÍO CUARTO | En el banquillo se sentaron Eduardo Andrada, ex director del Hospital de Huinca Renancó, y Analía Morales, trabajadora social e integrante de la mesa de epidemiología del COE Río Cuarto. Según la acusación, ambos habrían decidido frenar a Musse en la frontera sur de Córdoba y obligarlo a regresar, encapsulado por patrulleros, hasta Plottier, Neuquén, hecho que se produjo el 16 de agosto de 2020, en plena pandemia.
El fiscal Julio Rivero fue el primero en presentar su alegato y solicitó un año y seis meses de prisión condicional para Andrada y Morales. Rivero sostuvo que Andrada actuó por acción directa, mientras que Morales lo hizo por omisión, y ambos tenían autonomía funcional para decidir quién podía ingresar a la provincia en ese momento. “Ojo con eso de buscar responsabilidades hacia más arriba”, señaló, al enfatizar que los responsables eran quienes tenían capacidad de decisión en la ruta 35.
Rivero también destacó que los derechos de una persona con discapacidad fueron vulnerados, dado que Pablo Musse viajaba acompañado de Paola Oviedo, cuñada de la víctima, quien posee una discapacidad motriz. Según el fiscal, Musse contaba con permisos de circulación por fuerza mayor y de regreso a casa para Oviedo, pero no poseía el PCR negativo de 48 horas, exigido entonces para ingresar a Córdoba. Sin embargo, el protocolo permitía cierta flexibilidad y Musse debería haber sido trasladado al Hospital de Río Cuarto para realizar allí el PCR, en lugar de ser obligado a regresar encapsulado hasta Neuquén.
Además de la solicitud de prisión condicional, el ministerio público pidió que Solange Musse y su familia sean reconocidos como víctimas de violencia institucional, y propuso la instalación de una placa conmemorativa en el límite sur de Córdoba, en recuerdo del episodio.
El juicio genera atención nacional no solo por la gravedad de los hechos, sino también por el debate sobre la aplicación de protocolos sanitarios durante la pandemia, la responsabilidad de los funcionarios públicos y el derecho de los ciudadanos a recibir un trato humano, incluso en contextos de emergencia sanitaria.
El veredicto final será conocido este lunes, cerrando una causa que, desde sus inicios, ha puesto de relieve la tensión entre medidas sanitarias y derechos individuales, dejando una marca profunda en la familia Musse y en la sociedad cordobesa.
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