El juez de audiencia de Santa Rosa, Gastón Boulenaz, condenó hoy a un empleado de una empresa de alimentos a 13 años de prisión por haber violado, en reiteradas oportunidades, a una nena. El hombre es la pareja de una mujer que cuidaba a la pequeña. Fue abusada desde muy chiquita hasta los 6 años.
Judiciales 24 de junio de 2019
InfoTec 4.0
Fue encontrado autor del delito de abuso sexual por sometimiento gravemente ultrajante por su duración y circunstancias de realización, agravado por ser el autor el encargado de la guarda al momento de los hechos.
Boulenaz, tras el juicio oral, dio por probado que con anterioridad al 12 de agosto de 2017, el imputado obligó a la víctima a practicarle sexo, entre otros hechos abusivos. Ellos ocurrieron en la vivienda del acusado y en otro domicilio, desde que la niña era muy pequeña y hasta que tuvo casi seis años. En ese momento cesaron los abusos porque la pequeña dejó de concurrir a la casa del acusado.
El hombre es la pareja de una mujer que cuidaba a la nena, quien a su vez era amiga de la madre. En un punto de la parte resolutiva del fallo, el juez dio por notificado al fiscal Walter Martos del pedido del querellante particular, el a su vez defensor oficial Martín García Ongaro, para que se investigue la posible participación de la pareja del imputado en los abusos.
Durante los alegatos, la fiscalía había requerido una pena de 15 años de prisión, señalando que el agresor, durante un lapso de unos dos años, tuvo como único designio “satisfacer su propio líbido sexual, utilizando siempre los mismos mecanismos y estrategias para lograr el silencio de la víctima, manipulándola, generándole miedo, premiándola, entregándole chocolates y sobre todo aprovechándose de la vulnerabilidad que tenía por su corta edad, y también de la facilidad y la impunidad que le otorgaba el hecho de quedar al cuidado por extensos períodos de tiempo”.
Por su parte, la querella solicitó una pena de 17 años, y la defensora oficial, María Silvina Blanco Gómez, la absolución por aplicación del beneficio de la duda y, en caso de ser condenado, que recibiera la condena mínima de cuatro años de prisión por abuso sexual gravemente ultrajante, ya que la guarda no fue debidamente probada.
Boulenaz, para fijar la sanción, valoró positivamente solo que el imputado no tiene antecedentes. En cambio tuvo en cuenta como agravantes la edad de la víctima, ya que “en pleno proceso de formación de la personalidad vio vulnerada de manera grave su integridad sexual”; el grado de autodeterminación para cometer el delito; la condición de adulto (29 años al momento de los hechos, hoy 31), con esposa, hijos y trabajo estable en el medio; la extensión del daño causado en la niña –tratamiento psicológico por cambios conductuales y episodios de enuresis– y en su familia –la mamá perdió un empleo formal porque debió permanecer más tiempo con su hija–; y la reiteración de los acometimientos sexuales.
Finalmente, el magistrado le mantuvo al condenado la prisión preventiva oportunamente dispuesta y no hizo lugar al pedido de resarcimiento económico planteado por el querellante particular, a raíz del daño sufrido por la nena, por entender que ese reclamo debe efectuarse por vía civil.
En la mañana de hoy el fiscal Enzo Rangone recibió a Laura Tello, rectora del Instituto de Formación Docente de Victorica para coordinar y planificar charlas en el transcurso del año académico 2024.
En el marco de un acuerdo de juicio abreviado, el juez de control de General Pico, Heber Pregno, condenó a Juan Mauricio Cabaña, de 39 años de edad, como autor material y penalmente responsable del delito de amenazas simples -dos hechos - en concurso real; a la pena de nueve meses de prisión de efectivo cumplimiento, manteniendo su condición de reincidente.
Durante un acto organizado en el Edificio Judicial de General Pico, el presidente del Superior Tribunal de Justicia, José Roberto Sappa, les tomó juramento a cuatro funcionarias que asumieron sus cargos como sustitutas en la Segunda y Cuarta Circunscripción Judicial.
Franco Catalani, uno de los abogados que patrocina a clientes de planes de ahorro, resaltó el fallo de la jueza Adriana Pascual, del Juzgado Civil 5 de Santa Rosa. “Ganaron los ahorristas de automotores en La Pampa”, dijo. En forma directa este beneficio alcanza a unos 1500, pero podrían sumarse más.
El juez civil de primera instancia, Pedro Campos, ordenó a la obra social provincial Sempre la entrega de una medicación muy costosa a una afiliada que padece una enfermedad degenerativa; aunque previamente exigió que su médico tratante presente un informe sobre su estado de salud actual, para que la parte demandada puede realizar un seguimiento acerca de la mejoría o estabilización a partir del uso de la droga.
El Superior Tribunal de Justicia dio vía libre para que desalojen a un hombre, de la Comunidad Ranquel Epumer, que alquiló un campo y pretendía quedarse con el mismo invocando la Ley 2222, que evita los desalojos de puesteros del oeste pampeano.
Una pérdida considerable de gas, generó el alerta y la convocatoria de los bomberos a un local gastronómico que funciona en las instalaciones del Club Ferro, donde luego se constató que el problema se había suscitado en el medidor externo que abastece al comercio.-
El siniestro ocurrió alrededor de las 23:00 en la Rotonda de Pueblo Nuevo. El SEM llegó al lugar lo asistió rápida e inmediatamente lo trasladó en forma urgente al hospital local debido a las graves heridas. El fiscal, Guillermo komarofky, confirmó la información de su fallecimiento a este medio.
La empresa AB- Agro comenzó con el picado de sorgo, alcanzando en promedio 48.000 kg por hectárea, que son destinados a la planta de biogás y al feedlot.
Durante la tarde del miércoles, personal policial llevó a cabo un operativo de tránsito en conjunto con la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte sobre la Ruta Nacional N° 35, específicamente en el kilómetro 598.
En el día de ayer se llevó adelante en la localidad de Embajador Martini la reunión enmarcada dentro de los Foros Vecinales de Seguridad Pública y Ciudadana que estableció el Ministerio de Seguridad a partir de la ley 3.469, las cuales deben concretarse al menos una vez al año en cada localidad.
