La Cámara Federal porteña confirmó hoy el sobreseimiento del senador pampeano Juan Carlos Marino, que había sido acusado de acoso sexual por una empleada de planta permanente del Congreso. La decisión también alcanzó a Carlos Pedro "Cachi" Fiorda, colaborador del legislador, y al secretario parlamentario Juan Carlos Amarilla.
Judiciales10 de octubre de 2019
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Según el fallo de los jueces Irurzun y Bruglia, los testigos no ratificaron los hechos denunciados y en el teléfono que aportó la denunciante no se encontraron registros de mensajes cruzados con ninguno de los denunciados. Por eso, confirmaron el fallo de la jueza María Eugencia Capuchetti.
La denuncia había sido formulada en diciembre pasado por una mujer que manifestó que en el ámbito del Congreso de la Nación -en donde ejerce sus funciones como miembro de la planta permanente de la Cámara de Diputados de la Nación- los acusados, en diferentes tiempos y contextos laborales, la habían "violentado tanto en su desempeño laboral como en su integridad sexual".
La denunciante también dijo que hubo un encuentro en donde el senador -que forma parte del bloque de la UCR- directamente le tocó los pechos. "Me preguntó cuándo íbamos a tomar un café, que aguardara su llamado que en cualquier momento nos veíamos. También me dijo que me manejara con su jefe de despacho, Pedro Fiorda", relató. A esa persona también la acusó de haberla forzado (“me tomó de los brazos con fuerza y me introdujo su lengua dentro de mi boca con violencia, yo intenté separarlo, pero no lo logré”).
Apenas estalló el escándalo, Marino negó esas denuncias y puso a disposición su cargo como vicepresidente del Senado.
Al analizar el caso, la jueza María Eugenia Capuchetti afirmó que el teléfono celular aportado por Guebel (y que fuera analizado por especialistas técnicos del Centro de Investigaciones Judiciales del MPF-CABA) "arrojó que no existían mensajes de texto ni de WhatsApp, ni videos y/o audios, relacionados con los contactos de Marino y Fiorda que tuvieran alguna connotación sexual".
La víctima apeló ese fallo, en donde además de Marino también fue sobreseído Fiorda y el secretario parlamentario Juan Carlos Amarilla. Ahora la Cámara de Apelaciones, donde, al analizar el planteo, los jueces Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia confirmaron la decisión.
"Repárese que los hechos, tal y como fueron relatados por la querellante, no encontraron respaldo en las diversas declaraciones de los testigos propuestos por las partes, en los datos extraídos del teléfono celular aportado por la denunciante, ni en los sumarios administrativos que se formaron en el ámbito de la Cámara de Diputados y la de Senadores de la Nación", sostuvieron en la resolución.
La Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de Santa Rosa dictó una sentencia histórica al resolver, por primera vez de manera unipersonal, un recurso directo interpuesto por las empresas Ford Argentina S.C.A. y Plan Óvalo S.A para Fines Determinados, que habían sido multadas por la Dirección General de Defensa del Consumidor.
En un fallo que marca un precedente en la jurisprudencia civil, la Cámara de Apelaciones en lo Civil Comercial, Laboral y de Minería de Santa Rosa resolvió a favor de una mujer que, tras haber solicitado sumar el apellido de su padre biológico, ahora pedía revertir esa decisión. En un caso inédito, los jueces María Anahí Brarda y Guillermo Samuel Salas decidieron actuar de manera excepcional para dar marcha atrás con el pedido de la demandante, que había solicitado incorporar el apellido de su padre biológico a su nombre, pero luego se arrepintió
La Cámara Segunda del Crimen de Río Cuarto, en colaboración con jurados populares, dictó este miércoles una sentencia de máxima pena contra Rodrigo Espíndola, camionero y único acusado por el asesinato de Sofía Bravo, una joven de 26 años. El caso fue calificado como transfemicidio, convirtiéndose en la segunda condena en la provincia de Córdoba bajo esta figura penal desde su incorporación al Código Penal en 2012.
El juez de audiencia de General Acha, Raúl Miguez Martín (foto), condenó hoy a un hombre de 39 años a tres años de prisión en suspenso, por ser autor del delito de abuso sexual simple por tocamientos, contra una niña menor de 13 años; en el marco de las leyes nacionales 26485 de Protección Integral contras las Mujeres y 26061 de Protección Integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. La víctima fue su cuñada.
En un caso que ha conmocionado a la comunidad de Brinkmann, Córdoba, el asesinato de Aralí Vivas, una niña de ocho años, revela un entorno de violencia y abandono familiar. El fiscal de instrucción, Oscar Gieco, brindó detalles estremecedores a la radio local Cadena 3 sobre la investigación, que apunta a que la menor habría sido golpeada y abandonada antes de que el incendio se usara como posible táctica para encubrir otro crimen.
La motociclista sufrió la fractura de tibia y peroné. Además, le quedaron secuelas por el choque. La imputada también quedó inhabilitada para conducir y deberá cumplir reglas de conducta.
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