LOVERA “DEBEMOS TRABAJAR POR LA NATURALIZACIÓN DEL BUEN TRATO”

¿Cómo analiza el impacto de la violencia y el acoso en el mundo laboral?

La violencia y el acoso laboral siguen provocando consecuencias graves para trabajadoras y trabajadores, vulnerando su salud psíquica y física y dejando heridas profundas. Esto lesiona su productividad laboral y no permite el máximo aprovechamiento de las competencias y las habilidades de cada persona. Estas heridas acarrean significativas pérdidas económicas, incrementan el desprestigio social de empresas e instituciones públicas y privadas, y laceran a trabajadoras y trabajadores que ven vulnerado el derecho irrenunciable que representa la justicia. Estas razones son las que determinan que las figuras de violencia y acoso laboral sean merecedoras una atención especial por parte del Estado en particular y, de la sociedad toda, en general.

¿Qué representa la violencia y el acoso en el trabajo?

Cuando hablamos de violencia y acoso laboral no hablamos de un mero hostigamiento a la persona que trabaja; hablamos de un fenómeno crítico que conlleva comportamientos y conductas que afectan e influyen, directa y devastadoramente, en la vida de cada víctima y la de sus familiares, afectando su dignidad e incluso pudiendo llegar a gravísimos desenlaces. La violencia y el acoso laboral impacta a toda la familia trabajadora y, especialmente, en las mujeres.

¿Qué datos se conocen para respaldar estas valoraciones?

Según el informe estadístico del primer trimestre de 2019 de la Oficina de Asesoramiento sobre Violencia Laboral (OASV), que depende del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, el 62% de las personas que padecen violencia y acoso laboral en la República Argentina son mujeres; y el 95% de ellas lo sufre en el contexto de una relación de empleo formal.  Esto demuestra que la violencia y el acoso en el mundo laboral impacta a todos los sectores y se profundiza en las mujeres. Más allá de los datos que se analicen y la valoración de las conclusiones estadísticas, debemos establecer que el maltrato, como tal, es inaceptable en cualquier circunstancia y condición.

¿Qué se espera conseguir con la aprobación de este proyecto de ley?

Vivimos un escenario crítico donde uno se encuentra, en lo cotidiano, con relatos desgarradores. Básicamente se busca proteger a la víctima. Que el Estado Nacional se involucre para adoptar medidas en conjunto con los sectores del trabajo, instituciones y empresas, permitiendo promover ámbitos saludables para trabajar que permitan ofrecer impulso y desarrollo a organizaciones sustentables, con planificación de objetivos específicos de prevención y erradicación definitiva de la violencia y el acoso laboral y que, trabajando en conjunto, se pueda lograr la naturalización del “buen trato”.

¿Qué establece, puntualmente, el Convenio 190 de la OIT?

El Convenio 190 trata la Eliminación de la Violencia y el Acoso en el Mundo del Trabajo, es clave para el reconocimiento del derecho de trabajadoras y trabajadores a un mundo laboral libre de violencia y acoso, contemplando, especialmente, el acoso por razón de género.

Este Convenio fue aprobado por la Conferencia General de la OIT en Ginebra el año pasado. Y lo puse a consideración a través de un proyecto de ley propio que, en 2019, el macrismo se ocupó de bloquear. Los países participantes reafirmaron su vocación y compromiso para implementar las acciones que fueran necesarias para hacer frente a este problema, apostando a la construcción de un trabajo más justo, inclusivo y seguro, donde se promueva la productividad y el pleno empleo genuino y decente, libremente elegido, para trabajadoras y trabajadores.

¿Con qué otras normas internacionales se vincula este convenio?

El Convenio 190 de la OIT se vincula directa y específicamente con:
- la Declaración Universal de Derechos Humanos,
- el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
- la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial,
- la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.

Todas estas normativas están en nuestra Constitución Nacional. Además, también se vincula con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que también tiene una ley específica.

¿Qué representa esto desde el punto de vista conceptual?

Podemos establecer, en principio, algunos puntos esenciales. Por ejemplo, el hecho de considerar a la violencia y el acoso en el mundo del trabajo como una “violación o abuso de los derechos humanos” incompatible con la igualdad y el concepto de trabajo decente; la posibilidad de reconocer la incidencia negativa de la violencia laboral en la calidad de los servicios públicos y privados, a la vez que la considera incompatible con la promoción de empresas sostenibles, dado que también afecta la reputación de las empresas y la productividad; el reconocimiento del derecho de toda persona a un mundo laboral libre de violencia y acoso, incluidos violencia y acoso por razón de género; también promueve un entorno general de tolerancia cero frente a la violencia y el acoso con el fin de facilitar la prevención de estos comportamientos; y se suma el hecho de destacar que la violencia puede afectar de manera desproporcionada a mujeres y niñas, apuntando a un enfoque inclusivo e integrado, considerando como un factor de riesgo a los estereotipos de género.

¿Cómo se implementa territorialmente la aplicación de este Convenio?

Es en sí una herramienta federal, ya que nos permite conceptualizar para llegar a políticas públicas comunes con el objetivo de estar en cada rincón del país donde haya una trabajadora o un trabajador para hacer que conozca sus derechos, que tenga la libertad de reclamar por ellos y cuente con un Estado que los promocione y los garantice.

Necesitamos construir un mundo del trabajo menos expulsivo y más empático, y adherir a esta herramienta es un punto de partida. Para esto se necesitan decisión, acción política y responsabilidad social. Debemos trabajar para que se aplique en el ámbito público y en el privado. Y hoy, esa decisión y acción la tiene nuestro gobierno a través del presidente, Alberto Fernández, que envío este proyecto de ley al Congreso; y también hoy quedó explícita la decisión política de nuestro bloque, Frente de Todos, para que rápidamente lo tratemos en esta sesión. La celeridad que le demos a este tratamiento espero que represente la posibilidad de recuperar algo del tiempo que nos hizo perder el macrismo al bloquear mi presentación para esta adhesión, el año pasado, en esta misma Cámara.