A pedido del Ministerio Público Fiscal, la Brigada de Investigaciones de la UR-I notificó ayer a cuatro personas en el marco de la investigación de eventos sociales que se habrían realizado en campos ubicados entre Catriló y Pellegrini. De esta manera, la Justicia avanzó en la causa en la que se intenta determinar, tal como informó el gobernador Sergio Ziliotto, el origen del brote que se registró semanas atrás en la localidad de Catriló.
Provinciales23/08/2020
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Según informaron fuentes judiciales, un grupo de personas oriundas de Catriló -tres hombres y una mujer- fueron "notificadas en calidad de imputados". El oficio se emitió el viernes a pedido de la Fiscalía y fue materializado ayer por personal de la Brigada de Investigaciones. La identidad de las personas surgió luego de obtener "información que nos hace sospechar de que podría haber algunas actividades de estas personas que habrían excedido lo permitido por la normativa provincial".
En principio, explicaron, el delito por el que se las podría acusar es incumplir con lo establecido en los artículos 205 y 239 del Código Penal. Sin embargo, podría agravarse si se comprueba que cometieron "algún otro delito que tenga que ver con la propagación del Covid, pero estamos en una etapa preliminar".
En ese sentido, lo que se está investigando es si estas personas de Catriló "podrían haber violado los decretos provinciales que estaban destinados a evitar la propagación del virus".
Varios encuentros.
La principal sospecha apunta a que se habrían realizado "más de un encuentro por fuera de lo permitido, o un egreso y regreso a la provincia por fuera del puesto caminero", durante la segunda semana de julio, previo a detectarse el brote de coronavirus. Las "fiestas clandestinas" se habrían realizado en campos ubicados entre Catriló y Pellegrini, con la participación de ciudadanos bonaerenses y de dicha localidad pampeana.
"Se investiga que se habrían juntado, sin respetar las medidas sanitarias. Por ejemplo, compartían el mate y no respetaban la distancia social". A esto se sumaría que no respetaron el aislamiento estricto de 14 días que se exige a quienes reingresan a la provincia.
Esas son las hipótesis que maneja la Justicia. Por estos motivos, en los próximos días tratará de determinar si efectivamente estas personas incumplieron con las medidas sanitarias dispuestas por el Gobierno provincial y si, de esta manera, permitieron el ingreso y la posterior propagación del virus.
Es preciso recordar que tras el brote registrado en esa localidad, en tan solo una semana los casos se dispararon. Fue así que La Pampa superó los 170 casos y obligó a las autoridades provinciales a retroceder a Fase 1 en las localidades de Santa Rosa, General Pico, Toay, Macachín y Catriló.
"Fue por una fiesta clandestina".
El encargado de revelar que se iba a investigar la responsabilidad social fue el propio gobernador Sergio Ziliotto, quien en conferencia de prensa había advertido que "este desborde del virus en la provincia tiene una causa claramente identificada: la irresponsabilidad social de un grupo minúsculo. Ya llegará el momento de todas las instituciones de determinar quienes fueron los responsables y cada uno de ellos se haga cargo de lo que le corresponde".
Ante la consulta de LA ARENA, el mandatario indicó que las tareas de averiguación se habían encomendado a la Brigada de Investigaciones y remarcó que el virus ingresó por "la onda expansiva de Buenos Aires", pero no lo trajo "un trabajador", sino que fue "por una fiesta clandestina. Todos los caminos investigativos conducen a ese camino".
El intendente Oscar Gatica destacó el impacto positivo de la presencia del río, aunque aclaró que no se trata del cumplimiento del fallo de la Corte por parte de Mendoza. También valoró el acompañamiento del Gobierno provincial en obras, ferias y programas sociales.
Funcionarios provinciales, el INPI y la Cámara de Bodegueros Exportadores de la Patagonia avanzaron en una agenda común para resguardar la denominación en mercados internacionales y evitar usos indebidos.
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La medida exime del pago de la cuota habitacional a quienes perciben la jubilación mínima nacional y ahora también a beneficiarios de pensiones no contributivas. En su primer año alcanzó a casi 1.200 personas y significó una inversión superior a $1.290 millones.
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Un incidente entre un tractor con formación agrícola y una Toyota Hilux terminó con un vuelco a la altura de la estancia Drabble. El conductor de la pick up fue hospitalizado sin lesiones de gravedad.
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