El pasado domingo y por llamado de los jóvenes que habían tomado la decisión de ingresar a una vivienda de barrio que finalmente se conoció que pertenece a un hombre mayor de edad que circunstancialmente se encuentra en San Luis junto a su hija por la pandemia del Covid, se conoció la situación que no tiene demasiados antecedentes en nuestra ciudad.
La pareja conformada por Franco García, su mujer Aldana Villegas, y los dos pequeños de 2 años y 6 meses respectivamente, vivían en una vagón del ferrocarril situado en el sector de vías, al norte de la ciudad. Aseguran que ya era imposible vivir en ese lugar por el frío y los peligros que representan los trenes moviéndose cerca del vagón.
En diálogo con Infotec 4.0, Aldana había explicado "lo que estamos necesitando es un lugar donde poder estar juntos, donde formar nuestra familia, que nuestros hijos tengan un techo, fuimos al municipio, pedimos ayuda, nos dijeron que nos iban a ayudar con materiales, después vino lo de la cuarentena y no pasó nada, paramos un tiempo de mi suegra, fuimos y vinimos de un lado para el otro, y bueno, encontramos esto, hace rato que la veníamos viendo, no nos queríamos meter por todo lo que eso lleva, pero la seguíamos viendo vacía y acá estamos".
Por su parte Franco se refirió a su actividad, explicando que es empleado contratado de la municipalidad local "trabajo por día, no gano tanto como para sostenernos, y no me dan una ayuda como para salir adelante, gano 2400 pesos por semana, con una garrafa y un bolsón de pañales ya está".
IMPUTACIÓN Y DESALOJO
Tras las diligencias judiciales realizadas, y luego de la audiencia de formalización, efectuada vía ZOOM este jueves en la Comisaria de Realicó, la jueza Jimena Cardoso ordenó el desalojo de la familia de la vivienda, otorgándoles un plazo razonable que vence el 31 del corriente. La Fiscalía entiende que la pareja posee familiares que les pueden brindar ayuda ante su problema habitacional.
Por su parte el fiscal Campo afirmó que si bien la vivienda estaba sola al momento de registrarse la usurpación, se comprobó en la constatación del día de ayer que la misma cuenta con todos los servicios y con todo el mobiliario del propietario.
Se les imputa el delito de usurpación y se pidió el desalojo de la vivienda de manera inmediata, "si bien son personas que requieren un vivienda que no la tienen, existen familiares de estas personas que pueden darles momentáneamente una cobertura habitacional y que ésto no permite de ninguna manera afectar los derechos de terceros, y más aún de la propiedad privada que tiene cualquier persona a mantener su vivienda sin ningún tipo de usurpación o injerencia de terceros, más allá de la situación que transiten, se le pidió ésto, que está previsto que el juez establezca la cesación del delito, que es el inmediato desalojo", explicó el fiscal.
PALABRA OFICIAL
Pese a la insistencia de este diario no hubo hasta esta noche respuesta sobre el pedido de declaraciones por parte del Intendente José Braulio Alvarez o su Secretaria de Desarrollo Social Julieta Cavallo, respecto a cual será la situación de la familia tras lo ocurrido y el parecer de las autoridades sobre estas acciones complejas que ponen en el eje del debate posturas muy disimiles en la sociedad.
Finalmente hace escasos minutos fue confirmado que este viernes desde el Area de Prensa del municipio "se emitirá un comunicado al respecto".
