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El anuncio del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, generó la reacción de los gremios de la educación. “Hay que articular muchísimo y eso necesita de consensos”, reclamaron desde la Unión de Docentes Argentinos (UDA)
Política21 de enero de 2021El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, presentó hoy el plan “Primero la escuela” con el objetivo de garantizar la mayor cantidad de clases presenciales desde el próximo 17 de febrero. Como era de esperar, el anuncio generó reacciones y las primeras resistencias de parte de algunos sindicatos docentes, quienes vienen llevando adelante reuniones y negociaciones con las autoridades educativas para alcanzar un acuerdo.
Ademys, uno de los gremios más combativos que confrontan con el gobierno porteño, se opuso al regreso a las aulas por el nivel de contagios de coronavirus en la Ciudad y definió las medidas presentadas como un “plan criminal”. “Están delegando de forma inconsulta la responsabilidad a los directores de las escuelas. Son irresponsables y se lavan las manos. No tienen un plan serio para presentar”, sostuvo el secretario adjunto Jorge Adaro.
El sindicalista se mostró en disconformidad con la decisión de que cada escuela defina el esquema de presencialidad a partir del próximo 17 de febrero y que las autoridades de cada establecimiento “se haga cargo” de presentar un plan ante la ministra de Educación, Soledad Acuña. En contraposición, propuso que el Estado afronte los gastos de higiene como alcohol en gel y de traslado, como garantizar el transporte con micros escolares hacia cada edificio.
“Es una locura”, insistió Adaro en diálogo con El Destape Radio. “Es una política criminal para los pibes y para todos los que intervenimos en la escuela pública”, expuso, y concluyó: “Vamos a reunirnos en asambleas desde el 8 de febrero para decidir lo que vamos a hacer. No descartamos tomar medidas de fuerza”.
Vinculado a sectores y agrupaciones de izquierda, Ademys es uno de los 17 sindicatos de la educación que más rechazan las directivas oficiales del gobierno de la Ciudad. Es una de las organizaciones con mayor cantidad de afiliados después de la UTE-CTERA, la entidad más representativa y con mayor capacidad de movilización en el distrito. Los dirigentes de UTE, Angelica Graciano y Eduardo López, han expresado su malestar en los últimos días sobre la vuelta a las aulas en las condiciones sanitarias y edilicias actuales.
El resto de los sindicatos de la Ciudad tienen visiones diferentes y con una postura más negociadora sobre la cuestión. Desde ese espectro, el secretario general de la Unión de Docentes Argentinos (UDA), Sergio Romero, se mostró más afín a la iniciativa del Gobierno de la Ciudad a que “exista un relevamiento escuela por escuela” para revisar los esquemas de presencialidad, aunque se trata de una situación que está pendiente de ser resuelta.
“Nosotros exigimos una fuerte presencia del Estado, en este caso, del gobierno de la Ciudad. Creemos que la presencialidad es irremplazable, lo que se produce en el aula es maravilloso entre los docentes y alumnos, además integra a las familias”, indicó el dirigente sindical ante la consulta de Infobae.
“El Gobierno de la Ciudad tiene que dar garantías para la presencialidad y no lo ha hecho hasta ahora. Se dice que las escuelas están bien, esto no nos consta, queremos saber las condiciones reales. No se ha mostrado ningún plan de trabajo ni adecuaciones. Nosotros vamos a tutelar la salud de los docentes y los alumnos”, completó Sergio Romero, que calificó los anuncios de Larreta como una “iniciativa positiva”, con “cuestiones básicas e indispensables”.
“Pero hay que articular muchísimo y eso necesita de consensos”, reclamó Romero.
En las escuelas privadas tampoco se fían del plan anunciado por el gobierno porteño. Alejandra López, dirigente del Sindicato Argentinos de Docentes Privados (SADOP) calificó como “campaña de marketing político” la presentación encabezada por Horacio Rodríguez Larreta, ya que fueron anunciadas medidas que no habían sido contempladas en las mesas de trabajo con los funcionarios del ministerio de Educación porteño, y exigió que se garantice la vacunación de los maestros.
Ayer, los gremios docentes se reunieron con el Ejecutivo porteño en una nueva reunión de la Mesa de Condiciones Laborales y Salariales de la cartera educativa para discutir el retorno de la presencialidad. Sobre ese intercambio, López admitió que “se respondieron algunas propuestas e inquietudes como la presencialidad progresiva y escalonada, centro de testeos para los docentes y sistemas mixtos (presencial y virtual) en instituciones que no tengan condiciones edilicias”. “Asimismo acordamos la continuidad de estos encuentros para seguir avanzando en cuestiones que aún quedan sin resolver”, agregó.
Sin embargo, la secretaria general de Sadop Capital fue enfática con el malestar que provoca el anuncio. “La presencialidad en las escuelas solo es posible en condiciones epidemiológicas seguras”, sostuvo, y señaló que, a raíz del crecimiento de la curva de contagios en la Ciudad de Buenos Aires que se detecta desde diciembre, “las y los docentes de gestión privada de la ciudad no podemos volver a la presencialidad sin estar vacunados”.
A pesar de las críticas y la reticencia de los sindicatos, Horacio Rodríguez Larreta sostuvo su intención oficial de avanzar con el esquema de presencialidad. Este jueves, ratificó que se reabrirán las aulas el miércoles 17 de febrero próximo “con la mayor presencialidad posible” y anunció el plan “Primero la Escuela” para dar respuesta a la “contundente necesidad de que los chicos” vuelvan a los establecimientos en el contexto de la pandemia de coronavirus.
Durante la presentación que encabezó hoy en la sede del Gobierno, el jefe de Gobierno porteño planteó que busca garantizar la presencialidad de las clases en base a “cuatro pilares”, que entre otras medidas incluyen “considerar la educación como una actividad esencial”, poner “todos los recursos” de la administración de la Ciudad “en función de cumplir este objetivo”, establecer protocolos “escuela por escuela”, “rediseñar el plan de movilidad” para el transporte público y testear a los docentes cada quince días.
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