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“Los servicios públicos de transporte y distribución de gas por redes tendrán un aumento en factura para 2021 del orden del 6% para residenciales y menor al 4% para PyMEs”, confirmó este lunes el interventor del Ente Regulador del Gas (Enargas), Federico Bernal.
La noticia llega luego de las audiencias públicas y en medio de un debate en el propio gobierno de Alberto Fernández sobre de cuánto deben ser las subas: de un lado estaba el Presupuesto de Martín Guzmán, y del otro los dichos de la vicepresidente Cristina Fernández, quien dijo en un acto en la plata, meses atrás que hay que alinear “los salarios y jubilaciones con los precios de los alimentos y las tarifas”.
Por eso momento, el 6% anunciado parece indicar que la balanza se inclinó hacia los deseos de la titular de la Cámara Alta, quien en un año electoral no estaría dispuesta a convalidar –al menos por el momento– ninguna suba de magnitud.
Esta tarde, en una entrevista con El Cronista, Bernal destacó que estos ajustes son denominados “de transición” y que estarán vigentes hasta que se definan los cuadros tarifarios definitivos, aunque eso será parte de una puja más larga entre todos los actores de la industria y aún no se sabe cuándo estarán listos.
“La nueva tarifa sobre la que se está trabajando y que arranca en mayo en su modalidad de transición no va a poner en peligro al servicio público y va a poder pagarse, porque va a adecuarse a los ingresos de las familias argentinas y a su situación económica, como pidió Alberto”, aseguró el funcionario.
Según habían explicado las autoridades en la audiencia pública, una boleta promedio sin impuestos y con el Estado afrontando entre 55,7% y 60% del costo del gas, en marzo para un usuario medio rondaba entre $642 y $702. De mantenerse inalterable y cumpliendo la Ley de Presupuesto en lo que se refiere al tipo de cambio, la misma boleta alcanzaría a $2.160 y $2.396 en julio.
Si se cumple la Ley de Presupuesto en lo que refiere a los subsidios el Estado pasaría a cubrir entre el 35% y el 37,2% del valor del gas por lo que la misma factura en marzo significaría un costo de entre $753 y $826 y en julio se dispararía a valores que van desde $2.653 a $2.956, aproximadamente.
"Eran impagables, no caben dudas”, expresó Bernal con respecto a las tarifas de Cambiemos. “Pero yo quiero destacar algo de suma importancia: el Presidente no decidió suspender las tarifas de Macri y evitar esos incrementos siderales solamente para que la gente no pase a pagar ese 130% de aumento (promedio residencial) en abril. Suspendió las tarifas de la gestión neoliberal porque, fundamentalmente, el Poder Ejecutivo aceptó los resultados de la auditoría y la revisión (encomendadas por el propio Alberto Fernández) que los entes reguladores condujeron durante todo el año pasado”, agregó.
Con respecto a la ganancia de las empresas del sector Bernal dijo que: “Ni el Presidente ni nadie propone empresas que no ganen como condición excluyente para una tarifa justa, razonable y que se pueda pagar. Las empresas tendrán una rentabilidad razonable. Una rentabilidad que no derive en una tarifa confiscatoria para los usuarios y las usuarias, como sucedió entre 2016 y 2019. Es más, lo que nosotros buscamos es que todos los actores del servicio público -transportistas, distribuidoras, usuarios y usuarias- ganen y que ganen equilibradamente”.
Gentileza: El diario
