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En el comienzo de su exposición, Lezcano dijo que “entendemos la necesaria oportunidad de compartir y consensuar para tratar un tema muy caro a los sentimientos de toda la familia, que es el déficit habitacional”.
También, dijo que “esta propuesta es porque consideramos que el déficit habitacional registrado, de unos 20 mil inscriptos en toda La Pampa, es urgente y por eso estamos trabajando en dar soluciones, a través de distintas alternativas que tienen que ver con los planes, para los cuales necesitamos tierras o tener la forma de construir y contratar”.
“Entonces lo que busca esto –siguió Lezcano- es habilitar procedimientos administrativos que nos den celeridad. Buscamos consensuar y que la Cámara nos avale para poder proceder de manera rápida, porque con el déficit hay que crear muchas alternativas, y en ese sentido lo fundamental es tener tierras aptas, y servicios para que se puedan tener las tierras dignamente”.
Por su parte, el gerente legal del IPAV, Rubén Darío Díaz comentó: “Buscamos poder acceder a contrataciones para gestionar todas las obras necesarias a los fines de reducir el déficit habitacional. El Poder Ejecutivo está autorizado a poder contratar de forma directa. Pero no es lo que quiere este Instituto. Entonces lo que hacemos es democratizar una medida que podría haber hecho el Ejecutivo”.
En la ronda de preguntas, se preguntó cuáles son los motivos de urgencia y qué es lo que habilita que se transforme en regla lo que debería ser la excepción, es decir, la compra directa. En este sentido, Lezcano respondió: “Hacer un procedimiento normal lleva meses. Lo que buscamos hoy es la tierra apta. Hay localidades que no tienen tierras aptas. Empezamos un trámite administrativo que llevan 7 meses. Entonces la urgencia es que los pampeanos están requiriendo de un Estado presente. Porque además de los 4 años que no se produjeron los programas y proyectos, a esos problemas se nos cruzó la pandemia”.
También, agregó que “en Santa Rosa hay gente que está viviendo en un lugar insalubre, y hay que hacerse cargo de esa situación. Por ejemplo hay dos casas que se están por caer, y tenemos que ir urgente para reubicar y reconstruir”.
Se consultó para qué sirvió la emergencia habitacional y qué evidencia se puede mostrar desde el IPAV para que se sigua con dicha emergencia. “Al principio esta herramienta no se utilizó. El gobernador privilegió el programa Mi Casa dando más prioridad a los municipios. Hoy necesitamos por sobre todas las cosas la acción, la construcción”, dijo Lezcano.
Sobre los mecanismos de “transparencia”, se preguntó cómo se van a justificar teniendo en cuenta que el modo de que haya transparencia es a través de las licitaciones. “Nosotros tenemos controles que no se pueden evadir, porque son los controles que tiene el Instituto para llegar al decreto. Venimos acá, que es la representación del pueblo, para que haya trasparencia”, contestó el presidente del IPAV.
Por último, se preguntó cuánto tiempo lleva realizar una licitación y cuánto una compra directa. “La mitad del tiempo; en pandemia nos lleva entre 8 y 10 meses. En el caso de la contratación directa se reduce a la mitad o menos del tiempo”, finalizó Lezcano.
