El juez de control Alejandro Gilardenghi condenó hoy a Aldo Hugo Gallo, de 55 años, como autor material y penalmente responsable de los delitos de estafa y falsificación de instrumentos privados, a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional.
Policiales30/07/2018
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Además le impuso las siguientes reglas de conducta que deberá cumplir por el término de dos años: fijar domicilio o residencia, y no ausentarse del mismo o modificarlo sin dar aviso previamente al Juez de Ejecución Penal y al fiscal; y someterse a la observancia de las reglas de conducta por el Juez de Ejecución Penal, y al cuidado y contralor del Ente de Políticas Socializadoras.
La sentencia de Gilardenghi fue dictada a consecuencia de un acuerdo de juicio abreviado solicitado por el fiscal general Armando Agüero, el defensor oficial Alejandro Caram y el imputado quien admitió la culpabilidad de los hechos. Los damnificados, al ser informados por el Ministerio Público Fiscal sobre los alcances del acuerdo, “expresaron su conformidad tanto con la finalización del legajo por esta vía, como con la pena y reglas de conducta solicitadas.”
Los hechos que quedaron demostrados en el legajo ocurrieron el 6 de junio de 2017, cuando el imputado compró a nombre de una empresa de la que era su apoderado, a 5 damnificados y a través de intermediarios, 53 terneras y 47 terneros de raza mestiza. Gallo entregó para el pago de los mismos cuatro cheques de la empresa a la que representaba por la suma total de $ 646.694.
Los cheques, al ser presentados al cobro carecían de fondos; además el imputado reconoció haber realizado la firma del presidente de la empresa.
Con posterioridad a dicha compra, vendió dichos animales por un precio menor a una firma de San Luis y a otra de Córdoba. Gallo simuló la solvencia de la empresa, de la cual era apoderado con amplios poderes de administración y disposición, de acuerdo a lo informado por su presidente en el concurso preventivo de la misma empresa.
Gilardenghi afirmó en su fallo que el imputado falsificó los cheques que utilizó para consumar la estafa al realizar la firma de el empresario presidente de la empresa de la que era el apoderado y aprovechó los amplios poderes de administración y disposición que surgen de ese cargo para gestionar la compra de los 100 animales a través de intermediarios, y su posterior venta a un precio menor al que los había comprado. Queda claro que la única finalidad de toda esta operatoria, fue obtener un rédito o lucro indebido, dado que Gallo conocía de antemano que los cheques librados, en virtud de resultar apócrifos, no iban a surtir efectos jurídicos.
Más adelante también afirmó que “ el delito de estafa se configuró a partir del ardid o engaño realizado por el acusado, que simuló solvencia económica frente a los damnificados con la utilización de los cheques apócrifos, y de esa manera indujo a error a los legítimos propietarios de los animales, que engañados en su buena fe hicieron entrega voluntariamente de los mismos, en la errónea creencia de que se trataba de una operación comercial legítima”.
Por último el juez agregó que “ con la decisión acordada por las partes no se afectan el acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva -más bien ocurre lo contrario-, dado que aún en el hipotético caso de finalizarse este proceso de un modo ordinario, en un eventual juicio oral y público -y no con la salida alternativa que aquí se presentó-, la sentencia que recaería, (…) sería similar o idéntica a la acordada por las partes. “
Gentileza: En boca de todos
Un impresionante accidente de tránsito sacudió la localidad de Libertad en el Gran Buenos Aires este miércoles 17 de diciembre, cuando un Chevrolet Celta terminó incrustado debajo de un colectivo de la empresa T.U.M. en la intersección de Ruta 1003 y Rivarola. El violento impacto generó gran alarma entre los vecinos y un importante operativo de emergencia en la zona.
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Un procedimiento policial realizado durante la tarde de este martes en Bernardo Larroudé permitió avanzar en el esclarecimiento del hurto ocurrido anoche en la localidad. Según confirmó a Infotec 4.0 el oficial principal Juan Ignacio Tolosa —actualmente a cargo temporal de la Departamental local— el allanamiento arrojó resultados positivos con el secuestro de una campera sustraída durante el hecho denunciado.
Una creciente preocupación vecinal volvió a emerger en Bernardo Larroudé luego de nuevos episodios delictivos que vecinos atribuyen a un grupo de ex convictos que reside en la localidad desde hace años. Según denuncian, estas personas habrían sido traídas sistemáticamente por un hombre del medio —cuyo accionar cuestionan y cuya motivación desconocen— y, pese a las reiteradas quejas y antecedentes, continúan viviendo en el pueblo sin control ni acompañamiento institucional efectivo. Afirman desconocer por qué la provincia avala estas situaciones.
Una situación inesperada generó alarma esta mañana en Embajador Martini, cuando la Escuela N° 30 debió ser evacuada de manera preventiva tras detectarse la presencia de un proyectil de mortero antiguo dentro del museo escolar. El artefacto se encontraba en exhibición desde hace años, pero una reciente consulta en internet advirtió que "podría tratarse de un elemento potencialmente peligroso".
Un hombre de 34 años fue detenido en la localidad de Toay luego de que una niña de 12 años llamara a la policía para alertar que su padre estaba agrediendo a su madre dentro del hogar. El hecho ocurrió cerca de la medianoche en un departamento ubicado sobre la calle San Luis.
El joven tenía 21 años, era oriundo de Misiones y cumplía funciones de seguridad dentro de la residencia presidencial. Un soldado del Ejército Argentino de 21 años, identificado por sus iniciales R.A.G., fue hallado sin vida este martes dentro del perímetro de la Quinta Presidencial de Olivos, donde prestaba servicio como parte del esquema de seguridad. El joven presentaba un disparo en la cabeza y, según las primeras investigaciones, la principal hipótesis es la de un suicidio.
El operario, empleado de la Cooperativa de Electricidad local, perdió la vida al caer desde una importante altura en un predio de la institución. La Justicia investiga las causas del hecho y aguardaba los resultados de la autopsia.
La proximidad de las fiestas de fin de año volvió a generar malestar entre comerciantes de Realicó, luego de que inspectores municipales comenzaran a distribuir un boletín informativo recordando los horarios obligatorios de cierre para los días 24 y 31 de diciembre, establecidos por la Ley Provincial N.º 2717. Según la normativa vigente, los comercios deberán cerrar sus puertas sin excepción el 24 de diciembre a las 18 horas y el 31 de diciembre a las 14, sin posibilidad de continuar la actividad ni siquiera con la presencia de los propios dueños.
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“Ni bien me enteré del hecho que sucedió en la jineteada, vi que había algo raro, que no podía ser”, dijo Ricardo Moccero, de Coronel Suárez.
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