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Las maniobras involucraron al conocido escribano de General Pico, Javier Acebal; a una empleada de la oficina de la Anses en la localidad de Ingeniero Luiggi, Silvana Beatriz Morero, que apareció como beneficiaria de todos los bienes en dos testamentos; y a José Luis Galán, María Luisa Díaz, Raúl Alberto Walker y Gustavo Mayor, que firmaron como testigos en ambos casos.
Todos los imputados tuvieron que hacer un pedido de disculpas públicas en la audiencia. Además se concretó la reparación civil del perjuicio y que, en base a lo acordado, los acusados deberán cumplir durante un año, las medidas y reglas de conducta que les fueran impuestas en la última audiencia.
En el año 2016 dos personas denunciaron en los tribunales piquenses que a una familiar, Ida Cattáneo, la habían arrebatado un predio rural de 500 hectáreas en la zona de Caleufú, mediante una maniobra fraudulenta que involucraba a Acebal y a Morero. Los denunciantes aseguraron que no existía ningún vínculo entre la heredera del campo y la titular de los bienes, quien era una mujer de avanzada edad, que estaba operada de la cadera y no se movía de su casa, lo cual le hubiese impedido viajar a General Pico a rubricar el documento.
En su propia vivienda, Cattáneo fue inducida a firmar un documento que se suponía parte de un trámite jubilatorio, aunque en realidad se trataba de un testamento y del traspaso de bienes a nombre de Morero, revocando otro testamento firmado anteriormente.
Sin embargo, en septiembre del año anterior se denunció un caso muy similar en el que Morero aparecía también como beneficiaria de los bienes de Irma Saumench. El testamento también contaba con la firma de Acebal y de casi los mismos testigos.
Testamentos sin efecto.
Durante la audiencia que se llevó a cabo en los tribunales de esta ciudad, en los legajos que damnificaron a Cattáneo y a Saumench, se dispuso la suspensión de juicio a prueba con todos los involucrados: Acebal, Morero, Walker, Galant, Díaz y Mayor. Además se dejaron sin efecto los testamentos confeccionados de manera engañosa y que beneficiaban a la trabajadora del Anses, para volver todo al estado anterior, cuando los testadores eran los familiares y reales herederos.
“Se dejan sin efecto los testamentos que se había hecho y los bienes van a los herederos del testamento que existía con anterioridad. Además se impusieron como regla de conducta, que Acebal efectúe trabajos de certificaciones a favor de municipio de General Pico, que es donde tiene su asiento, sin percepción de honorarios. Quedará a control del Ministerio Público Fiscal y cada tres meses tiene que venir a hacer un control.
También tienen que reparar a Irma Saumench, en una suma de dinero que era lo que se había encontrado en gastos como consecuencia de dejar sin efecto ese testamento que ella menciona que no había practicado.
Reglas de conducta.
Además todos los imputados “tuvieron que hacer un pedido de disculpas públicas en la audiencia”, manifestó en diálogo con LA ARENA el fiscal Damián Campos, de la Fiscalía Temática de Delitos contra la Propiedad de General Pico, quien estuvo al frente de ambas causas.
El funcionario judicial dijo además que se concretó la reparación civil del perjuicio y que, en base a lo acordado, los imputados deberán cumplir durante un año, las medidas y reglas de conducta que les fueran impuestas en la última audiencia.
“Civilmente están todos reparados, volvió todo a su estado anterior, no hay ningún perjuicio económico. En la parte penal, se dispone la suspensión de juicio a prueba por el término de un año, y si en ese plazo cumplen con las reglas de conducta y no cometen otro delito, se produce la extinción de la acción y el sobreseimiento. En caso que no cumplan con las imposiciones que se les hacen, se puede revocar el beneficio y continuar el juicio”, finalizó. ( DIARIO LA ARENA )
