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En la misma hay cuatro imputados por haberle negado el ingreso a la provincia al hombre, que quería despedirse de su hija enferma de un cáncer terminal.
De la Justicia Federal y ahora nuevamente a la provincial. Un giro más a la causa que tiene un uniformado, dos médicos y una trabajadora del COE acusados de presunta violación de los deberes de funcionario y abuso de autoridad por impedir que el papá de la joven ingresara a la provincia.
La familia de la joven que finalmente falleció sin poder ver a su progenitor, intenta probar la “cadena de responsabilidades” luego de terrible caso que conmovió al país.
Al poco tiempo, Pablo Musse presentó una denuncia ante el juez federal N ° 1, Ricardo Bustos Fierro, en la que pidió que se investigue el presunto abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y privación ilegítima de la libertad calificada desde que ingresó a la localidad de Huinca Renancó hasta que retornó a Neuquén.
La solicitud apuntaba a determinar las eventuales responsabilidades de las autoridades provinciales, esto es, personal del COE, el ministro de Salud, Diego Cardozo, y funcionarios policiales.
Paralelamente, y como instancia supranacional, los padres de Solange Musse denunciaron al Estado argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), de la Organización de Estados Americanos (OEA), por la presunta violación de garantías nacionales e internacionales.
El largo camino de la causa hasta llegar a la Corte:
De acuerdo a la competencia territorial, el expediente fue remitido al Juzgado Federal de Río Cuarto, a cargo del juez Carlos Ochoa. El magistrado se declaró incompetente al entender que los presuntos delitos habrían sido cometidos por funcionarios del Gobierno de Córdoba, con lo que ordenó su envío a la Justicia de Huinca Renancó.
La familia de Solange apeló la medida, y el caso pasó a la Cámara Federal de Córdoba, que confirmó el fallo del juez Ochoa de que la causa debe tramitarse en el fuero provincial. Ante esto, el fiscal provincial Marcelo Saragusti rechazó intervenir y el juez de Competencia Múltiple de Huinca Renancó, Claudio Mazuqui, elevó a la Corte la causa para que resolviera si la competencia correspondía al fuero federal o provincial.
Según publica La Voz, el dictamen del máximo tribunal del país indica que “En atención a que los hechos denunciados involucran la actuación de agentes locales de la provincia de Córdoba, y en ausencia de alguna otra circunstancia que en el actual estado del proceso haga surtir la jurisdicción federal (de naturaleza excepcional y restrictiva), correspondencia que sea la Justicia local de dicha provincia la que investigue el hecho por el cual se trabó el presente conflicto de competencia ”.
Es el Juzgado de Huinca Renancó el que deberá investigar , “sin perjuicio -agregó la Corte- de lo que el magistrado interviniente, a partir del trámite ulterior de la causa, pudiera resolver con relación a las demás circunstancias relatadas por el denunciante, particularmente las que exceden a la denuncia contra las autoridades públicas cordobesas respecto de las cuales se trabó el presente conflicto de competencia ”.
Quiénes son los imputados:
Con anterioridad del nuevo fallo de la Corte, la fiscal federal de Río Cuarto, Alicia Cena, había imputado en mayo al sargento primero de la Policía Caminera Darío Masilla (con asiento en Huinca Renancó), a los médicos Eduardo Javier Andrada y Sergio Alí, del COE, y a Analía Morales, trabajadora social del COE Río Cuarto, por presunta violación de las obligaciones de funcionario público y abuso de autoridad al impedir el ingreso del padre de Solange a Córdoba para que pudiera despedirse de ella.
Fuente Cabledigital
