Garbarino cerró todos sus locales y despidió a 1.800 empleados

Se profundizó la crisis en la cadena de electrodomésticos Garbarino, que este viernes envió 1.800 telegramas de despido y resolvió cerrar todos sus locales comerciales.

Para intentar detener esta situación, el Gobierno dictó la conciliación obligatoria por 15 días hábiles, en los cuales no se pueden efectivizar los despidos ni los gremios realizar medidas de fuerza. Y convocó a los dueños de Garbarino y a los representantes del gremio de Comercio -que conduce Armando Cavalieri- a una reunión para el próximo miércoles en el Ministerio de Trabajo.

Sin embargo, en la empresa aseguran que es de "imposible cumplimiento" mantener los puestos de trabajo, ya que cerraron todos sus locales y no tienen lugares para que vayan sus empleados.

"Hemos tenido que despedir a 1.800 trabajadores por razones de fuerza mayor", dijo una fuente de la empresa. Y agregó que, en los últimos meses hubo otros 600 empleados que se desvincularon con retiros voluntarios.

Además hubo otros 1.000 empleados que se consideraron despedidos, ante la falta de pago de sus salarios, desde mayo pasado. Y la empresa impugnó el DNU del Gobierno que prohíbe realizar despidos.

Es que desde abril se cortó la cadena de pagos en el grupo que maneja Carlos Rosales. Garbarino no pagó 3.385 cheques de diferentes proveedores, con los que arrastra una deuda impaga total de $4.935 millones, según la Central de Deudores del Banco Central.

En Grupo Garbarino quedaron 850 empleados, de los 4.325 que había a mediados del año pasado, cuando Rosales compró la empresa. De ese total, hay unos 400 trabajadores en Garbarino, otros 150 en Compumundo, 250 en la fábrica de celulares de Tierra del Fuego y 50 en la empresa de viajes.

Algo similar ocurrió con las sucursales, que tenía 246 locales a la calle de Garbarino y Compumundo, de los cuales cerraron los últimas 80 esta semana y quedaron en pie solo 16 de Compumundo, empresa que ingresó la semana pasada en concurso preventivo de acreedores. 

Rosales compró la cadena de electrodomésticos en junio del año pasado a la familia Garbarino, que además incluye Compumundo, Garbarino Viajes y la ensambladora de celulares en Tierra del Fuego. Luego, en enero de 2021, Rosales compró Radio Continental, con sus dos FM (Los 40 y Urbana Play), al Grupo Prisa de España.

El empresario Rosales también es dirigente deportivo, como protesorero de San Lorenzo; y dueño del grupo asegurador Prof, un hotel en Misiones y el restaurante Schiaffino Bistró en la Recoleta. Anteriormente fue director de Clubes de Barrio de la Secretaría de Deportes de la provincia de Buenos Aires, durante la gestión como gobernador de Daniel Scioli.

La vicepresidenta de Garbarino es Mariana Casares, exsubsecretaria de Participación Ciudadana del Ministerio de Seguridad en la gestión de Sergio Berni, bajo el gobierno de Cristina Kirchner.

Al principio de la gestión en Garbarino, Rosales mejoró la situación, ya que canceló $324 millones durante los meses siguientes, bajando la deuda acumulada pendiente de pago a $1.916 millones en marzo pasado.

Sin embargo, en abril se complicó nuevamente la cadena de pagos, como efecto de la crisis económica y las restricciones por la pandemia de coronavirus, aumentando nuevamente la deuda con proveedores en $185 millones.

En mayo y junio se profundizó la crisis en Garbarino, ya que tuvieron 927 cheques rechazados, por $1.637 millones. Esto provocó un incremento en la deuda pendiente de pago total con proveedores, hasta los $3.739 millones que adeudaba en junio.

De manera que los $2.240 millones que tenía Garbarino en deuda acumulada con proveedores por cheques rechazados a mediados del año 2020, se duplicó en poco más de un año hasta los $4.935 millones que debe en la actualidad, según datos del Banco Central.

Fuentes gremiales aseguraron a Clarín que, además del conflicto por los despidos, los empleados que quedaron en la empresa solo están cobrando una parte del sueldo con los subsidios Repro que otorga el Gobierno. Pero no cobraron sus salarios desde mayo pasado y a muchos tampoco les pagaron las cuotas de sus acuerdos de retiro voluntario.

Clarín