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En este sentido los legisladores solicitan al Ejecutivo que a través del Ministerio de Salud, inste a las partes involucradas a dar urgente solución a dicha situación, teniendo como principal propósito garantizar el debido y correcto acceso a la salud a las pacientes afectadas.
En los últimos meses, se ha generado un grave conflicto entre los profesionales médicos que decidieron renunciar al Colegio Médico de la provincia de La Pampa nucleados en Asociación de Ginecología y Obstetricia de La Pampa (en adelante, AGOLP), decidiendo negociar de manera individual con todas las obras sociales y prepagas de la provincia, cortando las coberturas a todas las pacientes a partir del mes de diciembre.
Los profesionales han expresado en los medios que "siendo nuestro objetivo primordial procurar poner en valor ante la sociedad pampeana, la responsabilidad personal individual que implica desarrollar nuestra tarea como ginecólogos, preavisamos esta decisión con antelación suficiente, pues comenzaremos una etapa de negociación individual frente a todas las obras sociales y prepagas de la provincia que deseen contratar nuevamente los servicios profesionales de nuestros asociados, en el marco de la buena fe negocial, con acuerdos que reconozcan condiciones de trabajo dignas y, principalmente, respeten también la voluntad y decisión de las y los ginecólogos pampeanos, que son quienes asumen día a día la responsabilidad profesional en cada acto frente a sus pacientes".
Además agregaron "Cómo venimos haciendo en la actualidad se le otorgarán a nuestros pacientes todas las facilidades que estén a nuestro alcance para garantizarles a cada uno, la continuidad de la atención médica de calidad que nos caracteriza", concluyeron. Pero el presidente del Colegio Médico, Martín Morante, reprochó la "postura intransigente, un poco caprichosa" de la dirigencia de la AGOLP al momento de negociar.
El conflicto venía desde finales del año pasado y se agudizó en marzo cuando ginecológos y ginecólogas cortaron las prestaciones a tres obras sociales: OSECAC, OSDE e IOSFA. AGOLP reclama renegociar un nuevo nomenclador y que entre en vigencia el mismo que se aplica en Chubut. Ante la negativa de la gerenciadora, cortaron la prestación a tres obras sociales privadas, y amenazaron con hacerlo extensiva a otras.
Manifestó Morante que "termina siendo un planteo más económico que laboral; las prácticas están en el nomenclador, hay un modelo nacional, como tienen los traumatólogos, cirujanos, urólogos, que vienen con esas posturas y está muy bien, porque se discriminan las prácticas... está bien claro y detallado. Hay cosas que mezclan los honorarios y los gastos de las clínicas. En eso coincidimos, pero eso en el caso de los
ginecólogos eleva el valor un 40% más".
Por otra parte Rodrigo Genoni, Secretario general del Centro Empleados de Comercio (CEC) de Santa Rosa, cuestiónó a los 42 profesionales ginecólogos que cortaron el servicio con las obras sociales estatales, sindicales y privadas en La Pampa, en reclamo de más dinero por las prácticas. Dijo en Radio Textual (LU 33) que el Instituto de Seguridad comenzó a avisar con carta documento a ginecólogos que “si no vuelvan a la Seguridad Social antes del lunes 13 quedarán fuera y no van a volver a trabajar con ninguna obra social” de La Pampa y adelantó que ya comenzaron las negociaciones con profesionales de otras provincias. “La sociedad pampeana, completa, está siendo rehén de la asociación de los ginecólogos y ginecólogas”, dijo.
Referentes de obras sociales sindicales, privadas, prepagas, Sempre y el Colegio Médico de La Pampa pidieron una resolución del conflicto luego del corte de prestaciones de los profesionales y anunciaron un impasse pero aún no hubo acuerdo.
Las prácticas de ginecología en la provincia le demandan a las obras sociales unos 35 millones de pesos por mes. Ese monto se distribuye entre las cuatro decenas de ginecólogos. Es decir, cada uno factura de promedio unos 700 mil pesos. Genoni dijo, además, que uno de los reclamos de los ginecólogos ya está siendo atendido. “Se va a discutir un nuevo nomenclador, para todos los profesionales. No solo para la ginecología”, dijo.
Este conflicto que cada día que transcurre se agudiza más, tiene como principal afectados a miles de pacientes, quienes en definitiva, ven obstaculizado su acceso al derecho a la salud por contiendas económicas.
Carta abierta
Unas 700 mujeres docentes en actividad y jubiladas han elaborado una CARTA ABIERTA dirigida a los distintos estamentos estatales y no estatales que les compete intervenir frente a este conflicto.
"Lo que parecería un elemento menor, no lo es si consideramos la innumerable cantidad de mujeres que estamos cursando embarazos, algunos incluso de riesgo y que requieren monitoreos constantes, o teniendo chequeos para controlar alguna infección" indicaron.
Muchas mujeres atraviesan un cáncer con tratamientos que no pueden demorarse. Por ejemplo, las pacientes oncológicas con sus tratamientos, cirugías programadas, sus controles de rutina, que en algunos casos son hasta mensuales. "Todo ello queda suspendido excepto que cada una pague personalmente por las prácticas. Ni qué hablar de los controles para prevenir precisamente, el cáncer de mama y de útero, una preocupación a nivel mundial y por la cual se desarrollan periódicamente campañas de difusión. La falta de atención a tiempo podría generar un aumento de casos graves".
El documento agrega "Nos preguntamos también, qué ocurrirá con la fertilización asistida y el derecho que por ley asiste a las personas que deseen acceder a estas prácticas también específicas de la especialidad". Recordemos que debe ser cubierto por las Obras Sociales, tal como indica el Programa Médico Obligatorio (PMO- Decreto 492/95 y sus modificatorias) y otras leyes (como también resoluciones generales del propio Directorio del ISS) obligación que en la práctica ha dejado de existir en nuestra provincia.
A hoy, cada paciente mujer que requiera atención ginecológica, deberá abonarla por sus propios medios si es que efectivamente cuenta al momento con el dinero, para luego, ingresar a un sistema burocrático donde deberá presentar historia clínica, presupuestos, facturas por las prácticas realizadas, solicitar el reintegro, esperar el tiempo necesario hasta que este se materialice y estar expectante para que el reintegro sea lo más aproximado posible a la erogación que hizo por la atención recibida, indicaron y advirtieron que con esta situación "cada profesional cobraría de acuerdo con su libre albedrío".
Finalmente los legisladores destacaron "La salud es un derecho colectivo, público y social de raigambre constitucional por lo que el estado es el principal garante. Frente a esta grave situación, que deja desprovistas de una cobertura social a todas las mujeres pampeanas, tanto en el ámbito privado como público, es necesario que se arbitren las medidas de manera inmediata".
Y solicitaron al gobierno pampeano que "inste a las partes involucradas a dar urgente solución a dicha situación, teniendo como principal propósito garantizar el debido y correcto acceso a la salud a las pacientes afectadas".
