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Además, según la información dada a conocer ayer, la línea de salud sexual y reproductiva recibió más consultas en 12 meses que en una década; se distribuyeron 46.283 tratamientos de misoprostol (en 2020, 18.590); se capacitaron 904 efectores de salud y se recibieron, en la línea 0800 de la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva, 19 mil consultas sobre interrupción del embarazo, una cifra superior al total de las llamadas sobre el tema en los diez años anteriores (entre 2010 y 2020, la línea respondió 17.302 llamados vinculados al derecho a la interrupción legal).
Estos datos fueron revelados en el marco de un desayuno de trabajo realizado en el Salón Sur de la Casa Rosada. Del encuentro participaron las ministras de Salud, Carla Vizzotti, y de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta; la secretaria de Legal y Técnica de Presidencia, Vilma Ibarra, y un grupo de periodistas.
Las funcionarias coincidieron en que la sanción de la normativa significa un avance muy significativo en la ampliación de derechos y destacaron que es imprescindible profundizar la comunicación pública sobre el acceso y la capacitación a los equipos de salud.
“El desafío es ampliar insumos, fortalecer a efectores de salud y pelear contra el estigma que aún existe”, dijo Vizzotti. La ministro de Salud anunció que se está iniciando el proceso de producción de mifepristona en los laboratorios públicos (el medicamento que, combinado con el misoprostol, es recomendado por la OMS para interrumpir los embarazos de manera segura) y el financiamiento de las prestaciones de interrupción del embarazo y atención posaborto a todas las jurisdicciones del país mediante el programa SUMAR. La titular de Salud se mostró conforme con lo conseguido, teniendo en cuenta que su sector tuvo que ponerse a disposición de la atención de la crisis sanitaria y de la mayor campaña de vacunación de la historia argentina.
Ibarra puso énfasis en los beneficios de haber sancionado, casi a la vez que la IVE y por unanimidad en ambas cámaras, la ley de los 1.000 días. Además, recordó la articulación imprescindible que se dio entre funcionarias del Ejecutivo, legisladoras oficialistas y de la oposición y referentes de la sociedad civil. “Hubo un trabajo transversal construido a partir de la confianza y con la convicción de que no iba a ser usado en beneficio partidario”, expresó la secretaria de Legal y Técnica y sostuvo que estas normas se enmarcan en la larga tradición de la Argentina en términos de ampliación de derechos.
“El logro de la movilización callejera y la demanda de aborto legal en 2018 fue poner el tema en la agenda pública”, dijo Gómez Alcorta y contó que, en diversos países de la región y aun en España, estudian el texto de la ley por su solidez.
Con relación con los obstáculos para la implementación de la IVE, las funcionarias se refirieron a las 35 acciones judiciales contra la ley, de las cuales sólo prosperaron dos que esperan resolución de la Corte, aún sin fecha. La que más preocupa al Gobierno y a las organizaciones feministas es la causa iniciada contra la médica salteña Miranda Ruiz por realizar un aborto legal, considerado un caso claro en términos de disciplinamiento.
El intercambio en la Rosada sirvió, también, para plantear los grandes desafíos a futuro: disminuir la mortalidad materna, impulsar la difusión de los contenidos de la ley tanto para las posibles usuarias como para el personal de salud y seguir ampliando la cantidad de centros de salud que realizan la práctica para terminar con el estigma sobre las mujeres que necesitan abortar, así como sobre el personal profesional que garantiza los abortos.
La ley fue aprobada en la madrugada del 30 de diciembre de 2020 en el Senado, luego que recibiera la primera aprobación en Diputados el 10 de ese mismo mes.
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