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Las negociaciones entre el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional (FMI) entraron en la recta final mientras los contactos virtuales entre los técnicos de ambas partes se reiteraron hasta última hora de ayer con un eje central: el sendero de ajuste fiscal que debería transitar la Argentina. Un avanzado acuerdo sobre ese aspecto destrabaría el acceso para el país para refinanciar el crédito Stand By por USD 44.000 millones.
La discusión de las partes sigue pasando por cuál debería ser la velocidad a la que se reducirá el déficit de las cuentas públicas. La diferencia es que el Ejecutivo quiere converger hacia el equilibrio fiscal en 2027 mientras que el FMI lo requiere para 2025.
Las intensas conversaciones con el Fondo llevadas a cabo ayer fueron supervisadas no solo por el presidente Alberto Fernández sino también por la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner, quien se enteró de las últimas novedades en el diálogo bilateral antes de partir a Honduras para la asunción de la presidenta Xiomara Castro. Incluso, desde despachos oficiales aseguran que parte de la demora que tuvo en despegar hacia ese destino tuvo que ver con el cierre de la negociación.
Las negociaciones enfrentan la presión de los vencimientos que obligan al Gobierno a pagar entre este viernes y el martes próximo USD 1.100 millones al Fondo Monetario Internacional, situación que afectaría notoriamente las reservas del Banco Central. El Gobierno no confirmó la realización de ese pago, una señala de que el acuerdo podría alcanzarse en el corto plazo.
Un eventual incumplimiento con el organismo de crédito, aunque no implique un default inmediato y sea solo transitorio, generaría más incertidumbre un mercado que ya cuenta con fuertes presiones cambiarias y financieras en medio del escepticismo.
En ese contexto, el FMI afirmó en las últimas horas que está trabajando “muy de cerca” con el Gobierno, con un “enfoque flexible y pragmático”, para alcanzar un nuevo programa que permita renegociar la deuda. Lo hizo a través de la subdirectora gerente, Gita Gopinath, durante la conferencia de prensa donde se presentó la actualización del informe de Perspectivas Económicas Mundiales.
“Tenemos que mejorar los desequilibrios para que podamos ayudar a que los argentinos se recuperen y puedan salir de las dificultades que están enfrentando”, ahondó la economista, máxima autoridad del Fondo despues de Kristalina Georgieva. Además, Gopinath reiteró que el país necesita un plan económico “sólido y creíble”.
En plena negociación con el Gobierno, el Fondo decidió mejorar la proyección de crecimiento para la economía argentina para 2022. El organismo estimó que el PBI argentino crecería este año un 3%, una mejora de 0,5 puntos en comparación con el 2,5% que esperaba en su última entrega de este reporte, en octubre pasado.
El contacto entre los técnicos del Poder Ejecutivo y los del organismo financiero es permanente. La cuestión que todavía se discute puertas adentro del Poder Ejecutivo es si hacerle frente a los vencimientos de los próximos días puede costarle más caro al Gobierno que ceder ese monto de reservas del Banco Central.
En ese sentido, se dan distintas alternativas si no se firma un acuerdo entre las partes. Del default técnico a un crédito puente, existen opciones que podrían ayudar a extender los plazos.
Si se incumple con el Fondo no sería la primera vez que ocurre. De hecho, el último acuerdo que firmó la Argentina con el FMI antes del Stand By fue alcanzado en septiembre de 2003 luego de que el entonces presidente Néstor Kirchner incumpliera un pago por USD 2.900 millones por su negativa a utilizar reservas de la autoridad monetaria. Casi 20 años más tarde, no puede descartarse que éste vuelva a ser el escenario, aun cuanto el contexto actual es mucho más desfavorable para la Argentina
No obstante, la posibilidad de que eso pueda suceder altera los ánimos en el Banco Central, donde advierten que no hay margen para llevar la situación a ese escenario sin arriesgar complicaciones sino que también plantearon que nunca se puso sobre la mesa la opción del default ni se preparan para una situación como esa.
En concreto, la intención del Gobierno es que este año el recorte del rojo fiscal sea moderado, hasta un 2,9% del PIB, desde cerca del 3% que informó la cartera de Economía la semana pasada.
No obstante, ese porcentaje incluye ingresos que este año no podrá volver a conseguir el Tesoro como el aporte extraordinario de las grandes fortunas, los derechos especiales de giro (DEG) del FMI y la entrada de derechos de exportación por el aumento de los precios internacionales de los commodities.
Mientras tanto, los técnicos del FMI aspiran a un ajuste del gasto más concreto y que lleve el déficit de las cuentas públicas a un nivel del 1,9 por ciento.
El presidente Fernández afirmó esta semana que el FMI debe contemplar el “derecho a crecer como nosotros queremos crecer” en las negociaciones que la Argentina lleva adelante con el organismo multilateral.
“La diferencia que tenemos con el FMI es la velocidad de consolidación fiscal y las combinaciones entre gastos e ingresos. No queremos penalizar la demanda cuando la economía se está recuperando”, remarcó el ministro de Economía Martín Guzmán en una entrevista con el diario francés Le Figaro.
Se espera que en las próximas horas haya avances concretos en la definición de una restructuración del préstamo del FMI a la Argentina por un acuerdo de facilidades extendidas a 10 años.
