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Además del énfasis en la reducción de los subsidios a la energía y el transporte para achicar el déficit fiscal, el acuerdo con el FMI contiene referencias al gasto de provincias y empresas públicas e incluye llamados de atención sobre la distribución “intergeneracional” del gasto. En concreto, los técnicos del Fondo creen que el gobierno gasta demasiado en el sistema previsional (esto es, en jubilaciones y otros beneficios a personas mayores) y muy poco en la atención a la minoridad.
El gasto del sistema previsional, destaca, absorbe el 40% del gasto total, contra solo 5% para asistencia social, y mientras 54% de las y los menores de 14 años son pobres, solo lo son el 14 % de los mayores.
El “Box 8″, en la página 46 del Staff Report dice que además del 40% del gasto federal, los gastos previsionales explican el 12% del gasto de las provincias. Sumadas, esas erogaciones se acercan al 10% del PBI “bien por sobre el promedio de la OCDE (Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, suerte de centro de estudio y estadísticas de los países ricos) y más del doble del promedio de otros países latinoamericanos y emergentes”, precisa el FMI. Ese “alto gasto”, señala, se debe a una “extensa cobertura y generosos niveles de beneficios”. La proporción de jubilados y pensionados sobre la población mayor de 65 años, prosigue, es del 140%, contra 109% en los países de la OCDE algo que, explica, se debe a “edad relativamente baja de retiro, moratorias previsionales que sumaron individuos con insuficientes contribuciones al sistema contributivo (que ahora sólo cubre el 30% del gasto en pensiones) y “tasas de reemplazo” (esto es, el porcentaje promedio de las jubilaciones respecto de los salarios) del 90%, contra 58% en la OCDE y regímenes especiales “generosos”, incluyendo aquellos a nivel provincial.
Alta cobertura, regímenes “generosos” y moratorias
Antes aún, en la sección A del Staff Report, sobre Políticas Fiscales, en la parte referida al gasto, tras repasar la cuestión de los subsidios (la más importante, a criterio del Fondo y del ministro de Economía, Martín Guzmán), los técnicos precisan que el gasto en pensiones ha oscilado entre 8,5 y 9,5% del PBI desde 2015, “reflejando una combinación de alta cobertura, régimen general y regímenes especiales generosos y pensiones no contributivas (moratorias previsionales)”.
A mediano y largo plazo, prosigue, el gasto previsional aumentará en otros 1,5 puntos del PBI y si bien el acuerdo no contempla una reforma “paramétrica” del sistema, “las autoridades se han comprometido a realizar y publicar un estudio sobre la equidad y sustentabilidad del sistema, incluyendo opciones que reformen los regímenes especiales y alienten a las personas a trabajar más años”. El gobierno, recuerdan, debe presentar ese estudio antes de fin de año. Y aconsejan evitar “aumentos discrecionales (del gasto jubilatorio)”, porque “socavarían las metas fiscales y la sostenibilidad del sistema”.
En contraste, el documento señala que en asistencia social, que aumentó fuertemente durante la pandemia, el gobierno se está “esforzando en racionalizar y reorientarlas transferencias y alentar la participación de mujeres y trabajadores de poca calificación en el mercado laboral”. El señalamiento coincide con la decisión oficial de no aumentar el número de programas sociales, que en las últimas semanas provocó un pico de bloques y movilizaciones de organizaciones piqueteras hacia el ministerio de Desarrollo Social.
“Vastos y fragmentados”
Según el FMI, mejorar la precisión y eficiencia de la asistencia oficial requiere una evaluación de los “vastos y fragmentados programas de protección social”, compromiso que el Gobierno prometió cumplimentar también este año. El acuerdo con la Argentina, dicen los técnicos, incluye la fijación de un “piso” de asistencia, focalizada en el buen y preciso manejo de programas como la AUH, la Tarjeta Alimentar y el plan Progresar, de becas escolares.
Una “especial atención”, enfatiza el organismo, debe darse la “equidad intergeneracional del gasto”. Allí es donde remarca que cerca del 40% del gasto federal del país está orientado a pensiones y jubilaciones, contra solo 5% que se destina a programas de asistencia social como la AUH, la tarjeta Alimentar y las becas Progresar. Esas diferencias, coligen los técnicos del Fondo, explicarían en parte las “muy significativas” diferencias de que “54 % de los niños menores de 14 años viven en la pobreza, comparado con 14% de los mayores”. Por eso, concluyen, la reorientación del gasto, incluso al nivel provincial, donde se ejecuta el grueso del gasto en Educación y Salud, “es crítica para asegurar que la juventud esté equipada con las habilidades y el capital humano para contribuir al desarrollo económico de la Argentina en el contexto de una sociedad que está envejeciendo”.
En cierta forma, el documento sugiere una redistribución de la pobreza, aunque ni el gobierno ni el Fondo se permitirían decirlo tan crudamente.
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