Un padrastro de 56 años fue condenado hoy a 12 años de prisión, por ser autor del delito de abuso sexual con acceso carnal, mediante violencia, amenazas e intimidación, respecto de una persona menor de 18 años; aprovechándose de la situación de convivencia preexistente con la víctima, todo ello como delito continuado.
Judiciales04 de mayo de 2022
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La víctima fue una hija de su pareja y los hechos fueron enmarcados en las leyes 26485 de Protección Integral contra las Mujeres y 26061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
Con las pruebas reunidas durante el juicio oral, la jueza de audiencia santarroseña, Alejandra Flavia Ongaro, dio por acreditado que el imputado sometió sexualmente a la menor, en reiteradas oportunidades, cuando tenía entre 16 y 17 años. Todo ello ocurrió en la vivienda familiar y, como consecuencia de esas agresiones, la víctima dio a luz a un hijo.
La magistrada, además, le mantuvo la prisión preventiva al acusado, quien permanece detenido en la alcaidía de la Unidad Regional I.
Durante los alegatos de cierre, el fiscal Cristian Alejandro Casais había requerido una pena de 15 años de prisión; mientras que el defensor particular, Gastón Eduardo Gómez, solicitó la absolución del padrastro por entender que existió consentimiento.
Ongaro, al fijar la sancionó, consideró como agravantes “el contexto de lugar”, en alusión a una misma habitación donde dormían hermanas y hermanos de la víctima, y “el tiempo en el que ocurrieron los hechos”, ya que fueron con continuidad. También la “situación de vulnerabilidad e indefensión” en que se encontraba la adolescente.
Incluso, en un párrafo del fallo, la jueza expresó sobre la madre de la menor que “esta referente familiar, que debía cuidar y proteger a sus hijos, lejos de evitar los ataques sexuales que (su pareja) infligiera contra su hija; mantuvo un sostenido silencio”.
“Al estado de vulnerabilidad e indefensión en el que la menor se encontró durante todo ese tiempo, en el que fue sometida sexualmente en su propia morada, debe sumarse que luego de producidos esos ataques y sobre todo después de que pudiera develarlos; se vio obligada a abandonar su casa, sus vínculos familiares y vivir en forma errática en un sitio y otro buscando contención y cobijo”, remarcó Ongaro en los fundamentos de la sentencia.
Por último, el único atenuante que tuvo en cuenta para el acusado fue que no tiene antecedentes registrables. Si bien tiene otra condena previa, ella no está firme.
“Aunque es cierto que esa resolución atravesó la totalidad de las instancias recursivas correspondientes al ámbito jurisdiccional provincial, y por ende muy probablemente deba oportunamente procederse a la unificación; también es cierto que dicha sentencia aún no se encuentra firme, sino en trámite en el marco de un recurso extraordinario federal”, explicó la jueza para no dar lugar al requerimiento fiscal de imponerle al padrastro una pena única.
La Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de Santa Rosa dictó una sentencia histórica al resolver, por primera vez de manera unipersonal, un recurso directo interpuesto por las empresas Ford Argentina S.C.A. y Plan Óvalo S.A para Fines Determinados, que habían sido multadas por la Dirección General de Defensa del Consumidor.
En un fallo que marca un precedente en la jurisprudencia civil, la Cámara de Apelaciones en lo Civil Comercial, Laboral y de Minería de Santa Rosa resolvió a favor de una mujer que, tras haber solicitado sumar el apellido de su padre biológico, ahora pedía revertir esa decisión. En un caso inédito, los jueces María Anahí Brarda y Guillermo Samuel Salas decidieron actuar de manera excepcional para dar marcha atrás con el pedido de la demandante, que había solicitado incorporar el apellido de su padre biológico a su nombre, pero luego se arrepintió
La Cámara Segunda del Crimen de Río Cuarto, en colaboración con jurados populares, dictó este miércoles una sentencia de máxima pena contra Rodrigo Espíndola, camionero y único acusado por el asesinato de Sofía Bravo, una joven de 26 años. El caso fue calificado como transfemicidio, convirtiéndose en la segunda condena en la provincia de Córdoba bajo esta figura penal desde su incorporación al Código Penal en 2012.
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